Ni seguridad ni crecimiento durante el gobierno de EPN
Gerardo Ordóñez y Héctor Zamitiz criticaron el sexenio de Enrique Peña Nieto. Foto: Ricardo López
La política social y de seguridad aplicadas durante el sexenio del actual presidente, Enrique Peña Nieto, ha dejado mucho qué desear en comparación con lo que se prometía al principio de su gobierno. Son pocas las problemáticas nacionales que han disminuido a lo largo de estos seis años y muchas las que han incrementado, superando cifras desalentadoras de gestiones pasadas. Las grandes reformas planteadas como cambios benéficos para el país quedaron en su mayoría obsoletas o a medias.
Gerardo Ordóñez Barba, maestro en Desarrollo Regional por El Colegio de la Frontera Norte, ofreció un balance de la administración saliente en materia de política social. Presentó estadísticas de instituciones gubernamentales, a través de las cuales abordó los principales postulados del llamado “Pacto por México”, como la reforma educativa, la universalización de la salud y seguridad social, y el sistema nacional de programas para combatir la pobreza.
El ponente indicó que la única reforma que prosperó fue el Seguro de vida a jefas de familia, el resto soportó resistencias y/o fueron rechazadas. El gobierno tuvo fallos en diversos sectores como la cobertura de salud, que sufrió un incremento, pero no logró su universalización. En materia de seguridad social, ni siquiera se concluyó el trámite para que la reforma entrara en vigor, y la lucha contra la pobreza, reflejada en la Cruzada nacional contra al hambre, resultó insuficiente.
Los datos expuestos por el interlocutor mostraron el mal desempeño del gobierno aún vigente, pues, prácticamente las problemáticas no cambiaron en nada comparadas con las de hace 30 años. Sin ir más lejos, en el ultimo año los gastos en salud, educación y asistencia social decrecieron en el presupuesto y sólo el de seguridad social se mantuvo estable.
Carmina Jasso, doctora en Políticas Públicas, apuntó que tras la llamada “Guerra contra el narcotráfico” implementada por el expresidente Felipe Calderón, misma que prometía reducir los índices de criminalidad y violencia, en la administración presente, si bien los dos primeros años los delitos de alto impacto se redujeron un 17%, a partir de 2014 se han incrementado. Los homicidios, secuestros y robo de vehículos aumentaron en diversos estados desde 2015. Asimismo, los feminicidios también se elevaron exponencialmente, pues la cifra estimada es de 3,324 y sigue creciendo.
Del mismo modo, el incremento en la criminalidad superó los números alcanzados en sexenios anteriores. La investigadora atribuyó este hecho a las reformas en materia de seguridad, pues se dejaron de tipificar delitos que antes merecían cárcel, razón por la cual también se redujo la población en centros penitenciarios. La percepción de inseguridad hasta marzo de 2018 fue sumamente alta, y en este año los recursos para la seguridad pública alcanzaron un máximo en su presupuesto, con 57,571 millones de pesos.
Por su parte, Armando Vargas, doctor en Ciencias Políticas, habló acerca del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia (PNPSVD) y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). Dijo que ambos tuvieron un inicio productivo en cuanto a objetivo, acción y presupuesto, pero a lo largo del régimen han ido decayendo presupuestalmente de forma abrupta, además de que su lógica centralista contraría sus principios.
Aseguró que la agenda en materia de seguridad pública ha tenido que redefinirse tras acontecimientos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la fuga de Joaquín Guzmán Loera (El Chapo) y la creciente tasa de feminicidios. Por ello, y con base en estos datos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló a la violencia como el problema principal de México.
