Urgente reestructurar la seguridad pública
Análisis sobre delincuencia organizada, ley de seguridad interior y cooperación con Estados Unidos. Fotografía: Eréndira Barrios| Gaceta Políticas
La ineficacia, confusión y falta de acuerdos entre autoridades nacionales e internacionales para lidiar con los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía son desafíos que requieren una respuesta inmediata y efectiva. La implementación de nuevas leyes y/o propuestas adaptadas a la situación actual en materia de seguridad pública son las vías más factibles para su resolución. Para ello es necesario el convenio entre la ciudadanía y los órganos de gobierno, que parta desde el interior del país, para así lograr un pacto de seguridad eficaz a nivel internacional.
En un debate con diferentes matices, el investigador titular del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (CISAN), Leonardo Curzio, el doctor en Ciencias Políticas Alejandro Chanona, y Raúl Benítez, doctor en Estudios Latinoamericanos, analizaron las principales problemáticas en materia de seguridad nacional e internacional, dentro del seminario, México: desafíos de la delincuencia organizada, Ley de Seguridad Interior y cooperación con Estados Unidos, llevado a cabo en la Facultad.
Leonardo Curzio apuntó que las autoridades municipales y estatales que lidian con la delincuencia organizada y el narcotráfico cuentan con “planes de efecto práctico”, incapaces de solucionar o manejar dichos problemas.
Debido a tal insuficiencia, el investigador opinó que la Ley de Seguridad Interior (LSI) debe ser aprobada, ya que ve al gobierno federal como la vía más factible para la contención del crimen organizado, aunque discrepó con respecto a la militarización del país, pues señaló que ésta no tiene una organización efectiva debido a la falta de acuerdos en la distribución de las funciones que la administran.
En relación con el tema de seguridad entre México y América del Norte, Curzio comentó que desde la llegada de Donald Trump existe un clima de incertidumbre entre ambos gobiernos en materia de seguridad institucional, pues aunque existen “acuerdos” entre las dos naciones, no hay forma de obviar que existe un “acuerdo principal” aún más necesario tras las declaraciones del actual presidente de los Estados Unidos y las contradicciones entre éste y las demás autoridades de dicho país.
Al igual que el doctor Curzio, Alejandro Chanona reconoció la incapacidad de las elites civiles frente al crimen organizado y precisó la necesidad de un modelo de seguridad bien consolidado para su efectivo control. En materia de la Ley de Seguridad Interior, el doctor aseveró no estar de acuerdo con ésta en su totalidad.
En contraste con esta última, propuso la implementación de un modelo que separe la seguridad pública de la ciudadana, es decir, mejorar la efectividad de las instituciones policiales, así como proporcionar el mando a los civiles para evitar la militarización del país. Ello con el objetivo de reconstruir el tejido social, con miras al bienestar, la paz y la convivencia pacífica entre la ciudadanía.
El profesor señaló que el gobierno mexicano y estadounidense deben cooperar de la mejor forma ante las amenazas que enfrentan en común. Exhortó a evaluar las políticas de Estado actuales implementadas por Donal Trump y a actuar de inmediato ante dichos problemas de criminalidad, que incluso se han convertido en asuntos de salud pública.
Por su parte, el doctor Raúl Benítez examinó el tema desde la globalización. Afirmó que las doctrinas globalizadoras ponderan el manejo de la seguridad pública nacional e internacional. En este sentido, añadió que el ejército nacional fue la última institución en globalizarse, debido a que en muchos países de Latinoamérica los líderes militares no se subordinaban a los gobiernos norteamericanos. Benítez expresó que espera que las ideologías nacionalistas que puedan influir en el país tras las próximas elecciones, no provoquen un conflicto burocrático entre México y el gobierno norteamericano.
El profesor también opinó acerca de la Ley de Seguridad Interior, a la cual calificó como “buena para las fuerzas armadas, pero mala para la democracia”. Concluyó con que dicha ley cuenta con una normatividad y vigencia cuestionable, por lo cual no ve viabilidad en su implementación.
