Una nueva gestión de riesgos tras el sismo del 19S
Plática sobre Gestión de riesgos y políticas públicas. Fotografía: Myriam Corte| Gaceta Políticas
“La historia nos ha ayudado a entender cómo los problemas medioambientales se convirtieron en crisis debido a la concatenación de asuntos de índole político y social en las civilizaciones pasadas. Hoy existe un conflicto mayor, ya que el cambio climático está potenciando estas crisis”, explicó la doctora María Elena Durán Lizárraga, bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Explicó que las acciones del hombre hacia la naturaleza pueden llegar a ser funestas en las siguientes categorías: deforestación y pérdida del hábitat, problemas de suelo y de gestión del agua, sobre explotación de caza o pesca, introducción de especies nuevas y desplazamiento de las nativas, crecimiento de la población humana, mayor huella de carbono por habitante, concentración de contaminantes ambientales, escasez de fuentes energéticas, problemas tecnológicos, globalización y cambio climático.
“Autores coinciden en que somos los seres humanos quienes en gran medida construimos el riesgo, enfrentamos fenómenos de carácter natural, pero también somos responsables del desarrollo de las sociedades, lo cual nos hace vulnerables frente a este tipo de fenómenos”, comentó Eduardo Hernández Carmona, licenciado en Administración Pública y director de análisis en la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.
Expuso que tras el sismo de 1985 no había una política de protección civil diseñada ex profeso para la atención de este problema público. Durante muchos años se hizo uso de las fuerzas armadas, la marina, el ejército, para atender las contingencias que tienen que ver con los fenómenos por desastres naturales o antropogénicos.
“En el 1985 las autoridades se ven sometidas a una formulación de una política pública, ante lo cual el presidente Miguel de la Madrid ordena la articulación de una serie de comités para el diseño normativo, institucional y estructural; planteándose un enfoque sistémico que involucra a las diferentes órdenes de gobierno para el diseño de esta política pública, pero con una demanda participativa del conjunto de la población”, explicó Hernández Carmona.
“Hoy contamos con mucho más conocimiento del territorio que habitamos. La Ciudad de México está sujeta a múltiples amenazas”, indicó la arquitecta Myriam Urzúa Venegas, quien puntualizó que existen fenómenos de origen natural como sismos, erupciones volcánicas, hundimientos de origen hidro-metereológico, inundaciones y deslaves; y entre los de origen antropogénico señaló: incendios, explosiones, contaminación, derrames, entre otros, mismos que se suman a vulnerabilidades económicas, sociales, institucionales, urbanas”.
“Hasta ahora la prioridad del Estado está en la atención de emergencias, pero no en su prevención. No hemos impulsado una verdadera cultura de la prevención que disminuya la pérdida de vidas, daño a acervos, pérdidas económicas . Con la nueva administración de la doctora Claudia Sheinbaum, cambiaremos el paradigma de emergencia a uno de prevención”, expuso Urzúa Venegas, quien además será la próxima titular del Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos del próximo gobierno capitalino.
Durán Lizárraga agregó que el sismo de septiembre de 2017 en México y el deslizamiento en Mocoa, Colombia, dejaron ver que hay un factor importante en la materialización del riesgo, que es la corrupción, la cual mata, daña a la sociedad e instituciones, causa vulnerabilidad social, económica, moral y estructural. Ningún esfuerzo en materia de gestión de riesgos rinde frutos si permea la corrupción”, advirtió la doctora.
“A un año del sismo no contamos con un censo o inventario claro de las pérdidas económicas, tampoco con un catálogo detallado de los daños que permitan determinar el número de viviendas por reubicar o reconstruir. Además, no se establecieron objetivos claros, ni medición de los avances físicos, ni soportes básicos de flujo de recursos. El plan de reconstrucción tiene desórdenes metodológicos. El uso de los recursos ha sido opaco, clientelar y sólo las movilizaciones de la sociedad han buscado rectificar las formas en que se han aplicado los recursos”, precisó Urzúa Venegas.
“En este contexto se propone la gestión integral de riesgos de desastres como una posible respuesta para organizarnos y concatenar diferentes actividades en las que participan distintos actores gubernamentales, sociedad civil y grupos voluntarios. La planeación e implementación de acciones preventivas incluyen capacitación continua y especializada, además de reducción y mitigación de riesgos”, expresó Durán Lizárraga.
“La academia, estudiantes y maestros están convocados a formar parte de esta gran fuerza social que nos hará construir una ciudad segura, así como trabajar posteriormente la prevención de riesgos dentro y fuera de la universidad y en las colonias. Por tanto, es necesario el empoderamiento de la población, la organización y capacitación de las comunidades de diversos tipos, cuyo carácter es estratégico. Es decir, es vital educar para prevenir, lo cual requiere una institucionalidad pública, voluntad política y un compromiso del conjunto de actores de la sociedad. El reto es enorme, pero es muy cautivador”, concluyó Urzúa Venegas.
