Los atentados terroristas perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre en 22 ciudades y bases militares israelíes dejaron un trágico saldo de más de 1,400 muertos, incluidos niños y mujeres, el secuestro de más de 200 personas, y la excusa perfecta para que el ultraderechista gobierno de Benjamín Netanyahu iniciara una operación genocida en contra de la población civil de la Franja de Gaza, frente a la pasividad de Estados Unidos, único actor internacional con la capacidad de frenar a los halcones de la guerra israelíes.

Como parte de la respuesta a los ataques de Hamas, las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron el 26 de octubre su primera “incursión selectiva” con tanques en el norte de Gaza, acción preparativa para posibles acciones terrestres mayores que, de concretarse, empeorarían la crisis humanitaria prevaleciente. En tanto, continuaban los bombardeos israelíes, que ya habían cobrado unas cinco mil 800 vidas palestinas, de las cuales 40 por ciento correspondían a niños, cuyos sueños y esperanzas fueron segados en un ánimo de venganza sin sentido contra población civil indefensa, pero que abona en el objetivo de lograr un Estado sionista a costa de la desaparición del pueblo palestino.

En este conflicto, los radicalismos de Hamas y del gobierno de Netanyahu han triunfado, a costa de la población civil israelí y palestina, sin embargo, la emergencia en estos momentos se focaliza en Gaza por la crisis humanitaria que afrontan alrededor de 2.3 millones de habitantes privados de alimentos, agua, energía eléctrica, combustibles y medicamentos, asolada por los devastadores bombardeos, con una pobre infraestructura médica, casi destruida, y ante la amenaza de más incursiones terrestres israelíes.

Lo que realizó Hamas tiene nombre y se llama terrorismo, entendido como el conjunto de actos de intimidación o coerción a poblaciones y gobiernos por medio de la amenaza, la violencia, el asesinato y la toma de rehenes para generar temor con fines políticos, y lo que ha efectuado el gobierno israelí de forma sistemática por décadas en contra de los palestinos en Gaza y Cisjordania también se circunscribe en un terrorismo, pero de Estado, al mantenerlos en un permanente régimen de excepción, violentar sus derechos humanos, reprimirlos, destruir sus casas, arrebatarles de forma paulatina territorios, asesinarlos e impedirles constituir su propio Estado, como se propuso en la Resolución 181 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1947.

La actual andanada militar en territorio gazatí y que afecta en su mayoría a los civiles, a su vez, califica como un acto de genocidio, pues la ofensiva se ha perpetrado con la clara intención “de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, como se marca en el artículo 2 en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de la que
forma parte Israel.

Además de las cinco mil 800 muertes y de los más de 16 mil 200 heridos palestinos, resultado de los bombardeos israelíes, se estima que 70 por ciento de la población de Gaza (1.4 millones de personas) ha sido desplazada de forma interna del norte al sur y se refugia en 217 centros de acogida y en casas de familiares y conocidos, por lo que requiere de asistencia humanitaria de
manera urgente para evitar la muerte por inanición de otros miles de gazatíes.

Entre el 21 y el 26 de octubre Israel había permitido la entrada a Gaza de unos 70 camiones con ayuda humanitaria, insuficientes para una población que necesitaría cada día la llegada de 100 vehículos con víveres, medicinas y combustible, de acuerdo con la ONU, y ante la devastación, el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de destinar 100 millones de dólares en
ayuda humanitaria es meramente simbólico y raquítico.

La crisis humanitaria actual, provocada por la ofensiva israelí, también incrementará la cifra de refugiados palestinos, que hasta antes del 7 de octubre de 2023 contabilizaba 5.9 millones en 52 campos en Gaza, Cisjordania, Jorda nia, Líbano y Siria, en condiciones paupérrimas y sin posibilidades de tener vidas plenas, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para la población Palestina refugiada en Oriente Próximo.

Ante este panorama, la barbarie cometida por el gobierno y Ejército israelíes contra la población gazatí debe de parar y el único dique de contención posible frente a Netanyahu es Estados Unidos, pero si la administración de Biden sigue cerrando los ojos frente al genocidio en Gaza y es incapaz de impedir nuevas operaciones terrestres masivas israelíes, la humanidad estará condenada a padecer más décadas de terrorismo.

Al mismo tiempo, es urgente la liberación de los rehenes, incluidos dos ciudadanos mexicanos, por parte de Hamas, grupo paramilitar que con sus actos terroristas contra población civil israelí invocó la destrucción y el desplazamiento forzado de sus gobernados a manos de un débil primer ministro Netanyahu, quien necesitaba un conflicto externo para prolongar su permanencia en el poder.