Reacción de los Estados ante la emergencia de salud
Adán Arenas Becerril. Fotografía: Fanny Bazán| Gaceta Políticas
¿Cómo han enfrentado la pandemia los Estados? ¿Qué políticas públicas han implementado? Estos fueron algunos de los cuestionamientos abordados en la sesión, Los desafíos del Estado en tiempos del COVID-19.
En el marco del Ciclo de conversatorios: Los grandes desafíos sociales frente a la pandemia del COVID-19, la doctora Ángela Margot Bacca Mejía, docente de la Facultad, mencionó que las acciones implementadas por los Estados, tanto en Asia como en Europa y América Latina para atender los efectos de dicha enfermedad, se dividen en dos bloques: medidas relacionadas con el sector salud y las encaminadas a atender los impactos socioeconómicos.
Hacer una valoración precisa sobre si lo han hecho bien o mal es complejo, ya que un análisis debe considerar diversos factores. Algunos Estados establecieron normas coercitivas y autoritarias, mientras que otros optaron por disposiciones de confinamiento voluntario, como México, donde existe más flexibilidad; es decir, no ha habido una única respuesta.
Con respecto a nuestro país, apuntó la doctora Karolina Mónika Gilas, profesora de la Facultad, el gobierno ha enviado mensajes contradictorios a la población, pues mientras el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatell, enfatiza la campaña Quédate en casa, el presidente López Obrador no cumple las recomendaciones. También habló de una falta de coordinación entre el gobierno federal y los estatales, y de una respuesta económica limitada por parte del Estado.
Por otro lado, y de acuerdo con el doctor Maximiliano García Guzmán, del Centro de Estudios en Administración Pública, los Estados requieren tomar decisiones basadas en evidencia científica a mediano y largo plazo, pues la OMS ya había proyectado que vendría una pandemia de estas dimensiones y éstos no reaccionaron con anticipación.
En la sesión se resumió que la pandemia ha delineado diversos retos, entre ellos la necesidad de que los Estados implementen políticas públicas que permitan el acceso universal a la salud, y aquellas que ayuden a mitigar las desigualdades y la inequidad en materia de derechos humanos, el acceso a la educación y las herramientas digitales, y coadyuven a activar la economía.
