Los derechos de las niñas y los niños
Por Samantha Varela
Cecilia Peraza Sanginés.
El tema de la niñez mexicana y su relación con el quehacer de profesores y alumnos de la FCPyS invita a una honda reflexión, orientada a conocer las acciones y la responsabilidad social de los universitarios ante el asunto, sobre todo en un contexto donde los derechos de la infancia han sido reconocidos en el discurso, pero no siempre en la práctica. En conversación para Gaceta Políticas, Cecilia Peraza Sanginés, profesora de tiempo completo del Centro de Estudios Sociológicos, explicó que en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, se establecieron cuatro premisas fundamentales: la no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, y la participación; empero, en México, la brecha entre el reconocimiento y el ejercicio de estas garantías es profunda. Para empezar, precisó, según datos del INEGI, aproximadamente la mitad de los 40 millones de menores en el país viven en situación de pobreza, y por otro lado, la participación infantil, un principio clave en la Convención señalada, es ignorada sistemáticamente en una sociedad que subestima la capacidad de opinión y decisión de los pequeños. ¿Los universitarios poseemos un conocimiento adecuado acerca de los derechos de la infancia? Los alumnos y docentes del plantel tienen una formación que los vincula con el análisis político y social de las problemáticas nacionales e internacionales; no obstante, su implicación con la infancia no es prioritaria en los programas de estudio, ni en sus proyectos de investigación. Esto plantea un desafío importante: la necesidad de fortalecer la educación en derechos de la infancia, no sólo como una asignatura teórica, sino como un eje transversal en la formación profesional. La educación es clave para cerrar la brecha entre el discurso y la práctica. Si bien el sistema educativo formaliza el conocimiento de los derechos de la infancia, carece de mecanismos efectivos que garanticen se cumplen este sentido, los alumnos y profesores de la UNAM pueden desempeñar un papel crucial al integrarse en proyectos de incidencia social, investigación aplicada y trabajo comunitario. La creación de redes interinstitucionales y el acercamiento con organizaciones que trabajan directamente con niños y niñas podrían contribuir a una mayor sensibilización y acción efectiva. Uno de los mayores retos en México es la violencia contra la infancia, exacerbada durante la pandemia. Sin ir más lejos, el derecho a la protección y a la participación se encuentran entre los más vulnerados. Aunque existen mecanismos como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encaminado a la denuncia y atención de casos de maltrato, la falta de garantías en su aplicación limita su efectividad. En este panorama, la comunidad universitaria tiene el reto de generar estrategias desde un enfoque crítico y práctico que permita una mejor comprensión y aplicación de estas garantías. El discurso académico y político debe ir acompañado de estrategias concretas para lograr un cambio real. Más allá de las políticas públicas formales, es necesario reconocer y apoyar las iniciativas comunitarias que han demostrado ser eficaces en la protección y bienestar de la infancia. En este sentido, el colectivo de la Facultad podría desempeñar un papel clave en la sistematización de buenas prácticas y en la generación de conocimiento aplicado que impacte directamente en las condiciones de vida de los niños y niñas.
Una estrategia clave es la vinculación entre los universitarios y las infancias vulnerables, especialmente en contextos como el de los niños migrantes, quienes viven en condiciones precarias y expuestos a riesgos constantes. Un compromiso sostenido requiere de la participación activa de los estudiantes en programas de acompañamiento, apoyo educativo y defensa de derechos.
Cecilia Peraza enfatizó que la educación debe ser utilizada como una trinchera de transformación social. En este plano destacó que la escuela, pese a sus limitaciones, sigue siendo un espacio más seguro para los niños y niñas que muchas familias, lo que refuerza la importancia de fortalecer los valores de respeto y protección en los entornos educativos. Asimismo, afirmó que el problema no sólo radica en la falta de políticas públicas efectivas, sino en la desconexión entre la academia y la realidad cotidiana de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
Para lograr un cambio real, sostuvo que es fundamental fomentar la interseccionalidad y el diálogo entre distintas
instituciones y actores sociales. La colaboración entre universidades, comunidades y organizaciones de la sociedad civil permitiría generar estrategias más efectivas para la protección y desarrollo de la infancia. Además, destacó la importancia de involucrar a los jóvenes en procesos de concienciación y acción directa, para que su participación en la defensa de los derechos infantiles no se limite a acciones simbólicas, sino se traduzca en cambios estructurales. En conclusión, los universitarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tienen la responsabilidad de construir planes que vayan más allá del discurso y generen tareas concretas para mejorar la
situación de esta parte de la población tan importante. La educación e investigación deben estar acompañadas de un compromiso social real, que no sólo reproduzca la teoría de los derechos, sino que impulse su ejercicio efectivo; únicamente así se podrá cerrar la brecha entre el conocimiento y la acción, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa para las “niñeces”, palabra que permite no olvidar nunca el carácter plural y múltiple que tiene la infancia.
