En economía política se ha convertido en una tradición catalogar las grandes etapas de crisis económica con el adjetivo especificativo de “gran” o “grande”: la Gran Depresión de 1929; la Gran Estanflación de 1974-75; la Gran Recesión de 2008; y ahora, en el inicio de la pandemia de 2020, el historiador económico Adam Tooze nos hablaba del Gran Apagón para simbolizar el dramático freno a la economía mundial, derivado del confinamiento sanitario y el consecuente cierre masivo de las empresas, así como de la ingente paralización del empleo.

Bien, el recuento de los grandes episodios de la historia económica no termina ahí. Ante el temor de desencadenar una enorme recesión económica con quiebras y la pérdida masiva de empleo, la mayoría de países en las distintas regiones del mundo decidieron emprender una estrategia de salvamiento económico, alentados por los grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); en América Latina fuimos igualmente animados tanto por organismos regionales liberales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como por la más desarrollista Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Grandes fondos de estímulo financiero confinados fueron desembolsados por los Estados Unidos y la Unión Europea para mantener la actividad de las empresas medianas y pequeñas y mediante enormes transferencias monetarias para la población. Pero incluso en los países latinoamericanos, en particular del Cono Sur, se invirtió una suma considerable de recursos para tratar de suavizar los efectos potencialmente catastróficos de la paralización económica originada en la pandemia, bajo el supuesto de que una cantidad importante de naciones tenían la capacidad fiscal de endeudarse y de que el costo de la deuda, es decir, las tasas de interés, se ha mantenido significativamente bajo desde los años posteriores a la Gran Recesión. Vale la pena destacar la conspicua excepción de México, que no avanzó ni en una dirección ni en la otra, durante este episodio.

Pero el estricto confinamiento de las sociedades llegó a su término, el costo de mantener cerradas las economías comenzó a crecer tanto como la difusión del coronavirus y así ingresamos a la “nueva realidad”, esto es, a la reapertura de las actividades económicas, en medio de sucesivas olas de contagios, disparadas por otras tantas variantes del SARSCoV- 2. Los pronósticos del crecimiento económico se elevaron; de las fuertes caídas en la producción durante 2020, los organismos internacionales estimaron grandes repuntes, casi tan importantes como las caídas previas; la experiencia de las grandes crisis anteriores había aleccionado al mundo sobre la trascendencia de la aplicación de políticas públicas anticíclicas, conducidas por el Estado y no por el mercado, y por el retorno de la política fiscal de transferencias monetarias y gasto público, por encima de la política monetaria basada en la administración de las tasas de interés por la banca central.

Esa combinación de políticas fiscales expansivas y de reactivación económica en plena pandemia, auguraba un acontecimiento singular: una de las recesiones de más corta duración en la historia de la economía mundial o global, bajo la igualmente singular experiencia de la mayor pandemia en la historia de la humanidad. Baste ilustrar este aparente fenómeno virtuoso con la pronta reactivación de la economía mexicana a finales de 2020 que, sin haber participado en el esfuerzo de rescate de la economía y del empleo, se benefició del crecimiento de la economía estadounidense, en virtud de la magnitud de nuestras exportaciones a ese país en el marco del TMEC y de la transferencia de una fracción significativa del gasto social norteamericano a través de las remesas de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos.