Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 se ha puesto en perspectiva la toma de decisiones en materia de política económica alrededor del mundo.

El cierre de la economía en 2020 trajo consigo consecuencias como una contracción de la demanda, aumento de tasas de desempleo y el estancamiento de la economía global, que, según datos del Banco Mundial, en 2020 tuvo una contracción de (-) 3.2%, una posterior recuperación de 5.9% en 2021 y se estima que en 2022 se ralentizó a 2.9%.

La crisis también coadyuvó a una reorganización de las fuentes productivas y algunos sectores se beneficiaron con ello, especialmente los relacionados con la tecnología.

Para mitigar los efectos de la pandemia, las políticas económicas se orientaron a brindar apoyos a la población. En materia de política fiscal, los gobiernos se endeudaron e incrementaron el gasto público, mientras que los bancos centrales viraron hacia políticas monetarias expansivas, ajustando a la baja sus tasas de interés y en algunos países como Estados Unidos y Japón, por ejemplo, también implementaron programas de expansión cuantitativa, que consisten en la compra de bonos gubernamentales, con el fin de inyectar dinero a la economía e incentivar la demanda, el consumo y la inversión.

Cada banco central tiene diferentes mandatos para instrumentar su política monetaria. En el caso del Banco de México (Banxico), ésta es mantener la estabilidad del poder adquisitivo a través de un objetivo de inflación. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal—Fed, por sus siglas en inglés—, tiene un mandato dual, que es la estabilidad de precios y mantener un nivel de pleno empleo.

Derivado de la apertura de la economía en 2021, tanto el empleo, como el consumo y la demanda se recuperaron; sin embargo, prevaleció la falta de abastecimiento de insumos para la producción, derivado de las interrupciones en la cadena de suministro que se intensificaron en febrero de 2022 con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto provocó problemas de oferta y desencadenó un aumento de la inflación a nivel global. En respuesta a las presiones inflacionarias, los bancos centrales, tanto de economías avanzadas como emergentes, comenzaron a subir sus tasas de interés, entre ellos la Fed y el Banco de México (Banxico).

Que las tasas de interés se incrementen repercute en la economía de diversas maneras, una de ellas es a través de la restricción del consumo y del crédito, lo que puede hacer que disminuyan las presiones a los precios, de un aumento de demanda, y también tienen un efecto sobre los precios de los activos financieros, pues éstos tienden a disminuir a medida que crecen sus tasas de rendimiento. La pregunta medular es, ¿qué tiene qué ver esto con lo que está sucediendo actualmente en el sistema financiero?

El Sillicon Valley Bank (SVB) era un banco orientado principalmente al sector tecnológico, que se benefició del crecimiento del sector durante la pandemia.

Derivado de las presiones inflacionarias, las empresas tecnológicas disminuyeron su ritmo de crecimiento y comenzaron a tener necesidades de efectivo, lo que llevó a que lo buscaran en sus cuentas bancarias.

Para hacer frente a los requerimientos de sus depositantes, SVB vendió una cartera conformada por bonos del gobierno estadounidense que fueron adquiridos cuando las tasas estaban en niveles bajos y si bien, se consideran como los activos más líquidos del mundo, éstos tuvieron minusvalías por el rápido aumento de las tasas de interés, y dado que SVB necesitaba liquidez inmediata, requirieron asumir las pérdidas, lo que puso al descubierto sus problemas de administración de activos y pasivos.

El banco se declaró en quiebra el 10 de marzo y con éste cayeron otros dos, el Signature Bank y el Silvergate Bank, que se encontraban altamente expuestos al sector y no tenían garantía de todos sus depósitos ante la Corporación Federal de Seguro de Depósitos —FDIC, por sus siglas en inglés—, por lo que en vías de evitar un colapso sistémico, las autoridades monetarias decidieron cerrarlo.

La quiebra de SBV, por un lado, es efecto de una inadecuada administración de su balance y, por otro, una consecuencia colateral del aumento de las tasas de interés de Estados Unidos.

Entre los riesgos asociados al default de un banco, está el temor asociado con un contagio a otras instituciones del sistema financiero en el país de origen y otros relacionados, por lo que la volatilidad en los mercados se incrementó e impactó también sobre indicadores como el tipo de cambio peso–dólar y las tasas de los bonos en México, por expectativas.

Sin embargo, en México, los bancos están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y hay un mayor apego normativo a las reglas de Basilea III, que incorporan los elementos regulatorios que quedaron como aprendizaje tras de la crisis financiera de 2008. A esto se suma que, por el nivel de riesgo del país como una economía emergente, hay una mayor exigencia de los reguladores para dar certeza a los depositantes y minimizar el impacto del riesgo sistémico de algunos bancos. Además, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que surgió después de la crisis mexicana de 1995 para garantizar recursos en caso de una corrida bancaria para depósitos de hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIS) —alrededor de dos millones 55 mil pesos, según la CONDUSEF—, también otorga certeza a los ahorradores, por lo cual, se espera que el impacto de la caída de SVB sobre el sistema financiero mexicano sea mínimo.