En pleno siglo XXI, muchos Estados (más de 40) mantienen como forma de gobierno a la monarquía, ya sea constitucional, parlamentaria, teocrática o de cualquier otro tipo. En algunos Estados como Arabia Saudita, Brunéi y Catar, el rey ejerce las funciones de jefe de Estado y de Gobierno y tiene poder absoluto, mientras que en países con monarquías constitucionales o parlamentarias, la monarca o el monarca, en su calidad única de jefe de Estado, tiene facultades políticas limitadas y, por lo general, se dedican a participar en eventos sociales, ceremonias oficiales o a realizar actividades filantrópicas.

Sin embargo, más allá de la forma en que la soberana o el soberano ejercen el poder, lo importante es preguntarse por qué persiste esta forma de gobierno, contraria a la democracia, especialmente porque no se sustenta en una elección popular sino por la sucesión dinástica y, además, implica un gasto excesivo que solventa la ciudadanía con el pago de impuestos, en el mejor de los casos.

Si dejamos de lado a las monarquías teocráticas y absolutas, en donde la ciudadanía no tiene mucho margen de acción por tratarse de regímenes autoritarios o, peor aún, totalitarios, las monarquías constitucionales y parlamentarias “penden de un hilo”, pues su continuidad depende, en gran medida, de la opinión popular. Es por ello que las familias reales, particularmente de Estados europeos, han tenido que adaptarse a una realidad en la que la opulencia, los despilfarros y la creencia de superioridad ya no tienen cabida y, por lo mismo, buscan formas de acercarse a las personas para fortalecer su ya desgastada legitimidad.

Una de estas formas, y que les ha resultado efectiva, es continuar ejerciendo la representatividad de la nación y de sus valores y tradiciones, sobre todo cuando las personas necesitan admirar a una figura o un símbolo, podría decirse permanente, que les recuerde a dónde pertenecen, especialmente si su Estado atraviesa por problemas de distinta índole. Es así como las monarquías y sus integrantes son un elemento de unión en un contexto caracterizado por la fragmentación política, social e ideológica.

Otro hecho que le ha ayudado a las monarquías a mantenerse, aunque no sea precisamente algo que decidan los miembros de las casas reales, son los escándalos que les rodean. Las abdicaciones, las hijas e hijos no reconocidos, los matrimonios por conveniencia, las muertes sin esclarecer, las conductas poco protocolarias y algunas hasta ilícitas, entre otros ejemplos, son acontecimientos que, por un lado, demuestran que las casas reales están integradas por personas comunes que tienen problemas como el resto de la población y, por el otro, que involucran mucho morbo y resultan atractivas.

Ahora, quizás más que nunca, las monarquías se perciben como elementos generadores de ingresos, aunque no para la población en su conjunto. Eventos protagonizados por los miembros de las casas reales, además de ser televisados en todo el mundo, atraen a miles de turistas que, por fanatismo, interés o simple curiosidad, desean presenciar acontecimientos históricos que rara vez ocurren en sus lugares de origen. La boda del príncipe heredero a la corona británica, Guillermo de Cambridge, y Catherine Middleton, representó un ingreso de más de 80 millones de dólares, mientras que el funeral de Diana Spencer, princesa de Gales, fue seguido por más de dos mil millones de personas de todo el mundo. Ahora, habrá que esperar para saber a cuánto ascenderán las ganancias del evento más esperado de 2022: el jubileo de platino de la reina Isabel II, por cumplir 70 años como monarca.

Por otro lado, los escándalos, especialmente aquellos relacionados con el mal uso de fondos públicos y la corrupción, también han propiciado que se cuestione la inviolabilidad jurídica de la monarquía, reconocida en algunas constituciones de Estados europeos. Ahora, la ciudadanía se cuestiona sobre la conveniencia de que los miembros de las casas reales sean juzgados como cualquier otra persona que comete algún delito, sobre todo porque existen leyes que son de aplicación general en Estados de derecho. Además, es preciso recordar que las monarquías son instituciones y, por ende, están sometidas a las leyes que son promulgadas públicamente.

En este contexto de incertidumbre para las monarquías, la gran mayoría de sus integrantes han optado por mantenerse al margen de los problemas de sus propios Estados para enfocarse en sus labores sociales. Un claro ejemplo es la reina Isabel II, quien raramente ha hecho declaraciones sobre asuntos internos del Reino Unido y durante sus años de juventud se dedicó a generar lazos de unión entre los Estados y territorios que conforman la Mancomunidad de Naciones.

En la misma línea, algunas monarquías, especialmente del norte de Europa, han apostado por la transparencia y la rendición de cuentas para demostrar que, más allá de las tradiciones ligadas indiscutiblemente a la corona, son afines a las disposiciones legales que observa el resto de la población. No obstante, aun cuando publican sus gastos, bienes y propiedades, existe mucha incertidumbre sobre la procedencia de éstos, razón por la cual se exige que los respectivos poderes legislativos, en caso de contar con dicha prerrogativa, realicen las reformas conducentes para hacer más estricta la transparencia económica y financiera de los miembros de las casas reales.

Ahora bien, más allá de los esfuerzos para garantizar la permanencia y la continuidad de las monarquías en pleno siglo XXI, y dejando de lado el romanticismo que subyace a esta forma de gobernar, la realidad es que mantenerlas es muy costoso, y más aún cuando es la ciudadanía la que debe asumir dicho gasto. A continuación, se presenta un gráfico elaborado por Álvaro Merino, a partir de información de los sitios web oficiales de las casas reales europeas, de CNN y del Informe Waringo, que muestra el presupuesto total de las monarquías europeas y la asignación directa por persona ciudadana (Merino, 2020).