Financiamiento y fiscalización electoral
Por Roberto Iván Recinos Ruiz
Dra. Jacqueline Peschard. Foto: Fundación UNAM
Se debe defender la necesidad del financiamiento público a partidos y a campañas, advirtió el doctor Javier Aparicio, profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al participar en la mesa de análisis: “Financiamiento y fiscalización electoral”, misma que forma parte del Seminario, Retos y oportunidades de la reforma electoral, organizado por la Cátedra Francisco I. Madero.
El ponente agregó: “sé que no tiene buena fama este financiamiento y que suele verse como un desperdicio de recursos, sobre todo en un país con carencias, desigualdad y pobreza”, pero “si no hay gasto de campañas se estará ayudando al partido del gobierno”; además, la mayoría de las democracias del mundo tienen acceso a estos recursos y a medios como la radio y la televisión.
Por su parte, el antropólogo Emanuel Rodríguez Domínguez, del Centro de Estudios Políticos, refirió que los gobiernos locales son una fuente importante de capitalización económica hacia las campañas políticas y quizá son de los entes que no han sido tan regulados en los procesos de fiscalización.
Dijo que le preocupa el uso de programas sociales con fines electorales, ya que es un punto para que un gobierno esté bien evaluado y genere una política social importante, pero si no hay un buen mecanismo de financiamiento que garantice a la oposición contrarrestar estas propuestas de política pública e ideológica, es muy difícil garantizar una competencia equitativa.
Mtra. Fan Jua Rivas. Foto: INE
En su oportunidad, la maestra Fan Jua Rivas Maldonado, de la Universidad de Las Américas, coincidió en que el financiamiento y fiscalización son importantes para las actividades políticas, generan equidad en la contienda entre los partidos políticos, brindan independencia y autonomía económica, además de que al tener mecanismos de vigilancia y control, brindan certeza a procesos electorales, y en todo caso, si hay rebase de tope de gastos, es causal de nulidad de comicios.
En su turno, Jesús René Quiñones Ceballos, maestro en Derecho electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y de la UNAM, comentó que debe haber congruencia entre el financiamiento y los topes de gasto.
Para finalizar, la doctora Jacqueline Peschard, de la FCPyS, enfatizó que “para alimentar nuestra conversación pública necesitamos a los partidos políticos, porque son los que presentan las distintas corrientes de opinión, no sólo en el Congreso, sino también en la vida pública en general”.
Central electoral. Foto: INE
Agregó que el desprecio por los partidos políticos en buena medida tiene que ver con el comportamiento de sus actores, no únicamente en el ámbito electoral sino también en el gubernamental y en el de la representación política. Mencionó grandes riesgos en el financiamiento privado, como el de Estados Unidos, pues éste ata a los partidos a compromisos con grupos del sector industrial, del comercio y la iniciativa privada, en general.
Finalmente, y luego de aseverar que debemos defender el financiamiento público para recomponer el sistema de fiscalización, alertó que ponemos mucha atención en el sistema electoral nacional, pero no observamos lo que sucede en los estados, a pesar de que las mayores fallas en materia de fiscalización y financiamiento público ilegal, que no debe entrar en las campañas, se presentan, precisamente, en el ámbito local.
