Corrupción, democracia y Estado de derecho en México.

Sobre la ubicuidad de la corrupción, la importancia de la democracia y la necesidad de un Estado de derecho nos habla el Doctor Ricardo Uvalle. Ilustración: Ángela Alemán

La democracia es un sistema de gobierno que se sustenta en la vigencia de la libertad, la igualdad, la representación política, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Su eficacia se forma a través de relaciones de confianza que se estructuran entre las autoridades electas y los ciudadanos. El gobierno de la democracia diseña reglas, procedimientos y normas que tienen alcance universal, general e impersonal para que sean cumplidas de manera voluntaria por las personas jurídicas que integran a la sociedad civil. Es un sistema de gobierno que crea las condiciones de inclusión para que las personas y las organizaciones tengan la oportunidad de asegurar que su desempeño en la vida colectiva, esté regido por incentivos positivos  –estímulos, reconocimientos– y negativos –sanciones y castigos–  que son fundamentales para concretar con éxito el quehacer institucional a cargo de la autoridad pública.

«La filosofía de la democracia consiste en la formación política de relaciones comunitarias en las cuales rigen dos elementos clave: derechos y obligaciones». La filosofía de la democracia consiste en la formación política de relaciones comunitarias en las cuales rigen dos elementos clave: derechos y obligaciones. La formación de lo común y lo compartido da origen a la sociedad civil, la cual se integra por ciudadanos que, desde los ámbitos jurídico y político, tienen derecho a vivir en la comunidad civil y política que se materializa en el Estado moderno, así como la obligación de cumplir las leyes que dan vida al orden constituido. En este caso, el papel de la autoridad es fundamental para que, con base en reglas formales que garantizan la certidumbre institucional, hagan posible que el gobierno de los ciudadanos, entendido como el gobierno de la democracia, sea articulado bajo la categoría Estado de derecho.

Ésta da cuenta de las reglas públicas que se autorizan para que la tarea de gobierno sea factible, en términos de distribuir costos y beneficios tanto con las políticas públicas como los servicios públicos. La tarea de gobierno en este caso, se apoya en los cuerpos profesionales de la burocracia y en ese sentido, el servicio público en la democracia, es el puente que comunica a las autoridades constituidas y a los ciudadanos en la lógica de producir los bienes y servicios de carácter público. Lo fundamental en la democracia es que funcione como un conjunto de reglas convenidas, aceptadas y obedecidas para que la convivencia plural y diversa que la caracterizan como un modo de vida, sea reproducida con la intervención inteligente y responsable del gobierno, a fin de acreditar las capacidades de gestión pública que se encargan el manejo del conflicto, el aprovechamiento de los recursos escasos y el establecimiento las fórmulas de cooperación que incentivan los procesos de la gobernanza.

La democracia tiene cuatro pilares básicos para funcionar como un sistema de poder creíble y aceptado en la estructura del Estado de derecho: 1. Legalidad, en el cumplimiento de las normas escritas; 2. Certidumbre, sobre conocimiento anticipado de cómo debe obrar la autoridad; 3. Calidad de vida, en la conjugación de la equidad y el bienestar como principios medulares para distribuir beneficios y apego a los valores;  y 4. Civilidad, entendida como la tolerancia y el respeto que la hacen diferente a otras formas de gobierno. En este sentido, el quebranto de alguno de los elementos mencionados, ocasiona la pérdida de confianza de los ciudadanos, tanto en las autoridades como en las instituciones públicas. Por tanto, cuando existe corrupción en la democracia, implica entre otras cosas, la pérdida de credibilidad en el orden jurídico y político que la estructura; aumenta la desconfianza en el servicio público; se intensifica la sospecha sobre el desempeño inmoral de los gobernantes; se destruye el interés público; se forma la opinión de que el dinero público es robado, sustraído y mal utilizado para ventajas privadas; y se toma conciencia de los daños que se infringen a la vida comunitaria.

«La corrupción… responde en este caso, a objetivos pensados y calculados para lograr beneficios materiales a costa del interés público.» La corrupción tiene efectos corrosivos en la sociedad, la economía, la vida privada, la vida pública y la vida social, dado que implica procesos de apropiación ilegal del patrimonio y los recursos que tiene a su cargo el Estado, así como de las formas antisociales que se desarrollan para dar paso a relaciones de desigualdad que son contrarias a los valores de la democracia. La corrupción no es privativa del Estado, sino tiene factores diversos que, incluyen desde luego, conductas ilegales que también se originan en la sociedad y los mercados. Pero en el Estado, por su carácter público, se encuentran su mayor visibilidad y daño, dado que alienta relaciones de inequidad a través de la cuales unos se encaraman sobre otros. En este caso, la corrupción gubernamental es un sistema perverso que tiene como finalidad obtener beneficios privados con recursos públicos e imponer a la sociedad civil, los costos negativos de la misma, que se traducen en una forma de vida que destruye a  la gobernanza, corroyendo la estructura de confianza entre sociedad y gobierno. La corrupción fraguada, alentada y practicada desde las relaciones verticales y horizontales del poder, tiene finalidades teleológicas, es decir, responde en este caso, a objetivos pensados y calculados para lograr beneficios materiales a costa del interés público.

El oleaje de la corrupción es mundial. Sus causas, procesos y consecuencias responden al grado de desarrollo de los países. Al respecto, Alonso y Garcíamartín escriben:

“…la corrupción es un fenómeno ubicuo: se da en todos los regímenes, en todas las culturas y en todos los niveles de desarrollo…lo relevante no es tanto que en un país pueda haber corrupción, sino grado de regularidad, gravedad e impunidad…podría decirse que la corrupción se da, en mayor medida, en sistemas con instituciones débiles… en sociedades con valores proco proclives a distinguir entre las esferas pública y privada” (Alonso y Garcímartín, 2011:45).

Por otra parte, algunas prácticas corrosivas de la corrupción son: fraudes, extorsión, impunidad,  malversación, nepotismo, soborno, tráfico de influencias. En el caso de México, los datos sobre la corrupción revelan que hay situaciones críticas, que dan cuenta de condiciones de preocupación social, económica y política, dado que es un mal que se extiende a lo largo del territorio nacional y se ha convertido en un factor destructivo que mina la confianza en las instituciones del Gobierno, provocando pérdida de la riqueza nacional, estimulando la desigualdad entre personas, grupos y organizaciones civiles, y favoreciendo la percepción de que el sector público es un lugar de confort para hacer negocios particulares con patrimonio público; además de producir privilegios que se trasladan como costos nocivos a las personas, las empresas y los sistema productivos, sin desconocer que funciona como un impuesto regresivo.

Algunos datos que califican de manera negativa la práctica de la corrupción en México son:

1. 1. El Barómetro Global de Corrupción 2016, en su capítulo para América Latina y el Caribe, destaca que “Más de la mitad de los mexicanos han sobornado a autoridades en el último año para acceder a servicios públicos básico”. (https://goo.gl/nTtJxJ)

• En el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional, “México cayo 28 posiciones. El año pasado se ubico en lugar 95, y en 2016 paso del sitio 123 entre 176 países analizados”. (https://goo.gl/RX0UjQ)

1. 1. En el Informe del Clima de Negocios en el Mundo 2017 “el Departamento de Estado de Estados Unidos, ubica a México por tercer año consecutivo como un lugar donde “es muy común el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno, la falsificación de factura y otros fraudes”. (https://goo.gl/esAksX)

• En la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del INEGI, destaca  que el “Costo promedio de la corrupción por empresas durante 2016 fue de 12 243 pesos. En el caso de las empresas medianas, el monto llegó a 84 mil 806 pesos y en las compañías industriales fue de 15,766 pesos”. (https://goo.gl/JbgZCF)

• Finalmente en el Índice de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial se puntualiza que “México se mantiene en la posición 51. El ranking que elabora cada año el organismo internacional con la presencia de 137 países, muestra que Suiza es el país de más competitividad el mundo, seguido de Estados Unidos de Norteamérica y Singapur”. (https://goo.gl/XGpGKX)

La valoración que se tiene sobre el desempeño de la corrupción en México da cuenta que se ha convertido en diversos modos de vida que tienen regularidad nociva, dando lugar a la institucionalización de la inmoralidad administrativa, gubernamental, política y económica. También hay corrupción cuando los agentes del mercado incurren en conductas contrarias a la legalidad y la necesaria preservación del interés público. Pareciera que la corrupción se “acepta” como un “mal necesario” para llevar a cabo operaciones de intercambio en los negocios, la prestación de servicios y hacer trámites burocráticos de manera rápida, sin reparar en el aumento de los costos de transacción y en la incertidumbre que lesiona los derechos de propiedad.

En la medida que la corrupción crece y se reproduce como un tipo de conducta inmoral e ilegal se da paso a la categoría «fallas institucionales» que es reveladora de cómo las reglas formales y públicas no se cumplen plenamente en razón de su espíritu, contenido y sentido prevención, desde el momento en que hay actores de la sociedad involucrados en diversas prácticas de corrupción. Un agravante de la corrupción es que no es visible. Se encuba en la opacidad, el secreto, las redes de complicidad, la conducta sigilosa y extiende su influencia a la manera de tentáculos que se ramifican hasta los sótanos que se sustraen a la visión de lo público.

Las reglas para diluir a la corrupción tienen que ser nítidas con los preceptos que las integran y favorecer que el trasfondo de las oficinas generadoras de la misma, sean desactivadas a través de la conjugación estratégica de los incentivos preventivos y las sanciones deben aplicarse con fundamento en la lógica del Estado de derecho. En este caso, los responsables de elaborar e implementar las reglas contra la disolución de la corrupción, tienen que asumir el compromiso no sólo de evitar que la misma crezca, sino de tomar conciencia de que es un medio que socava la efectividad,  la estabilidad, la gobernabilidad, la credibilidad y la salud política de los Estados, cuando con los medios del poder no se procede a frenar y desactivar los efectos perversos que ocasionan, dado que pueden propiciar que las instituciones que lo integran se resquebrajen

«[…]la lucha contra la corrupción tiene que darse de manera frontal para evitar la debilidad de la vida democrática» En México, por tanto, la vigencia plena del Estado de derecho es un todavía una expectativa incumplida, porque la falta de certidumbre institucional consolidada, ocasiona que la discrecionalidad, los arreglos informales, los acuerdos entre las camarilla del poder y directivos de las empresas,  así como las prácticas del coyotaje, del cohecho y el uso de información privilegiada, ocasiona que germine el espacio de la corrupción de manera sistemática. En tanto las fallas institucionales –errores de diseño normativo, lagunas legales, incongruencia, ambigüedad, omisión, complicidad, incumplimiento e ineficiencia–prevalezcan, la corrupción tendrá un ambiente propicio para su fecundación. En el caso de México, la lucha contra la corrupción tiene que darse de manera frontal para evitar la debilidad de la vida democrática, así como el daño irreparable que se puede infringir a la razón de Estado, del Estado mexicano.

Bibliografía

Alonso, José Antonio  y Carlos Garciamartín (2011) “ La corrupción: definición y criterios de medición” en Corrupción, cohesión social y desarrollo. El caso de Iberoamérica, Madrid, España, Fondo de Cultura Económica.

  Ricardo Uvalle Berrones