Conflicto de interés, detonante de corrupción
Jacqueline Peschard y Angélica Cuéllar, en la inauguración del Seminario Universitario de Transparencia. Fotografía: Myriam Corte| Gaceta Políticas
En la actualidad, el mundo público enfrenta tres principales problemáticas: deslegitimación institucional, crisis de confianza ciudadana y un límite impreciso entre los sectores público y privado. La combinación de estos factores vuelve al conflicto de interés un riesgo cada vez mayor para los gobiernos y sus instituciones.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, sostuvo lo anterior en la conferencia magistral: El conflicto de interés. Modelos de regulación internacional. En esta actividad participaron José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana de Abogados; Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, y Jacobo García Villarreal, especialista en Macroeconomía y Resolución de Conflictos.
El maestro Bohórquez explicó que el término conflicto de interés se entiende como el conjunto de situaciones donde el provecho personal del servidor del gobierno o de sus familiares entran en disputa con el interés público. En pocas palabras, aseveró el expositor, se debe evitar que lo que signifique ventaja para un funcionario no influya indebidamente en la toma de decisiones o en sus responsabilidades; esto a fin de cumplir con el principio de “supremacía”, consistente en anteponer la causa colectiva sobre la privada.
En este marco Bohórquez expresó que el principal objetivo de los mecanismos de regulación internacional es separar las determinaciones del Estado del conflicto de interés, es decir, aislar la decisión para que la única variable sea el interés público.
Mecanismos de regulación
Por su parte, De la Garza Marroquín expuso que los mecanismos de regulación deben tener una perspectiva jurídica, ya que en México se tiene un problema de conflicto de interés proveniente de los procesos electorales. Informó que en un estudio realizado por Mexicanos contra la corrupción, se detectó que por cada peso legal que se destina a campañas políticas, existen 25 pesos que provienen de manera ilegal.
Puntualizó que en el ámbito de la Administración Pública en México no existe ningún incentivo, ni sistema de recompensas, ni de protección a informantes que pueda evidenciar el conflicto de interés; al contrario, se tiene la orden de despedir al trabajador que denuncie a su superior por algún hecho de corrupción o de índole personal.
Para finalizar, Villarreal y Merino coincidieron en que es necesario ir más allá de las leyes para poder evaluar los mecanismos de regulación internacional y que éstos puedan brindar resultados satisfactorios a la ciudadanía. Subrayaron que la clave de la discusión es que los funcionarios públicos cambien sus prácticas y formas de trabajo, es decir, no desempeñarse de acuerdo con un interés individual sino colectivo.
