Atender la criminalidad sin recurrir a la violencia
Por Sheila A. Santiago Aragón

Imagen: Unsplash
Según la ONU, un proceso de justicia restaurativa “es aquel en que la víctima, delincuente [o] cualquier otro miembro de la comunidad, afectado por [un] delito, participa conjuntamente” para solucionar las consecuencias del acontecimiento.
En la conferencia: Modelos de justicia social, organizada por el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad, se analizaron las acciones que se llevan a cabo en Argentina, Colombia y México para favorecer la reinserción del agresor adolescente.
Mariana Cecilia Apalategui, coordinadora del área de Mediación y justicia de Buenos Aires, habló del modelo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en el que se emplean reuniones y actividades de reinserción de los adolescentes, así como tareas de sanación de los agresores, las víctimas y la comunidad a la que afecta el delito. El proceso se efectúa, dijo, en instalaciones ubicadas fuera de los tribunales, donde no se efectúan acciones penales tradicionales.
Con respecto a Colombia, donde se creó en 2010 el Sistema de responsabilidad penal adolescente, con base en el Código de Infancia y adolescencia, Alejandra Vinchira Gutiérrez, coordinadora de Prevención en Barranquilla, recordó que la construcción de espacios aptos para esos grupos etarios deben contribuir a que los agresores comprendan y acepten las consecuencias de sus actos, lo cual tendría beneficios microsociales: de prevención del crimen y la reincidencia; y macrosociales: de confianza en el sistema de justicia no punitivo.

Dr. Cristian Ascensio. Foto: Araceli Martínez
Cristian Ascensio Martínez, profesor de la FCPyS, resaltó que en México existe una yuxtaposición de modelos que conjuntan el tradicional y represivo, que involucra a la fuerza policial (que incrementó la inseguridad desde 2006), y el de la justicia cívica, implementado a partir de la protección de los derechos humanos.
“No todo se tiene que procesar penalmente”, precisó el docente, quien también mencionó que un problema de la justicia penal es que juzga de forma severa actos en los que los jóvenes desobedecen la ley en situaciones no criminales, como las manifestaciones, lo cual fragmenta la relación de la ciudadanía con figuras policiacas y, por lo tanto, del Estado.
Los especialistas coincidieron en que es necesario y posible atender la criminalidad sin recurrir a la violencia, y que los agresores deben tener la oportunidad de decir cómo ha impactado el crimen en su vida, pues con esta información se les puede brindar, en consideración de las profesoras Apalategui y Vinchira, opciones para salir de esas formas de vida y atender las causas de la criminalidad.

Alejandra Vinchira. Foto: Araceli Martínez
En la sección de preguntas, los ponentes concordaron en que las sociedades de los tres países latinoamericanos son cambiantes y presentan índices altos de violencia en delitos que antes no figuraban en sus listas, por lo que los sistemas de justicia expuestos requieren autogestionarse constantemente, a fin de adecuar las dinámicas a las necesidades de la población, sin dejar de atender a los adolescentes agresores.