Ante la pandemia, otorgar mayores facultades de acción y decisión al Congreso
Diego Valadés. Fotografía: Myriam Corte| Gaceta Políticas
Antaño se padecieron en el mundo cuadros de epidemias y pandemias que dejaron lecciones y efectos sensibles, pero en la actualidad se vive una experiencia inédita en la historia de la humanidad por la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
Por ello, es necesario reflexionar qué podemos prever con relación al Estado constitucional post COVID, destacó el doctor Diego Valadés, exdirector e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al participar en el ciclo de conferencias: ¿Qué hay detrás de la pandemia?
En cuanto a la actual crisis sanitaria, dijo el expositor, se carece de precedentes y es el primer caso de una afectación a la salud, la economía y la vida constitucional planetaria en la que todos los habitantes del mundo estamos padeciendo el mismo problema y presenciando diferentes soluciones sociales, individuales e institucionales.
En México se han tomado una serie de medidas discutibles en cuanto a su oportunidad, es decir, si fueron tomadas a tiempo o no; decisiones tomadas por órganos de poder, cuyos efectos hacen pensar en la necesidad de desarrollos institucionales.
Respecto a las tareas de salud, sanitarias y de intervención de las instituciones públicas en el país, los mexicanos recibimos instrucciones de permanecer en casa, y referente al trabajo se establecieron limitaciones para su ejercicio, pues sólo las actividades esenciales seguirían activas. Sin embargo, quien determinó que permaneciéramos confinados, imponiendo una limitación a la libertad de circulación, tránsito y reunión, fue un órgano administrativo, en este caso la Secretaría de Salud, la cual no está facultada para la toma de estas decisiones, aseguró Valadés.
Lo anterior nos habla, precisó, de una suspensión de garantías que en México no se veía desde la Segunda Guerra Mundial; es decir, desde hace 75 años no se aplicaba una figura prevista constitucionalmente, pues ante diversas emergencias las autoridades han respondido por vías de facto.
Esto indica que nos hemos habituado a una práctica social ajena a la vida constitucional y ahora se ha llegado al extremo de que las medidas limitativas de derechos constitucionales fueron dictadas mediante un acuerdo del secretario de Salud, facultad que no le da la Constitución, reiteró.
“No le faculta para decirnos quédese en su casa o qué actividades económicas o productivas se van a permitir. Este es un primer caso de contraste en lo que estamos viendo, como decisión jurídica del Estado mexicano que no tiene soporte constitucional y que incluso contraviene la Constitución”.
En el ámbito económico se instrumentaron acciones donde sólo hubo una voluntad, la del presidente de la República, no hubo otro órgano colegiado que discutiera si éstas serían las más adecuadas o no, lo cual contrasta con lo que se ha hecho en otros sistemas constitucionales, donde las determinaciones han correspondido a los órganos de representación política.
Por ello, la siguiente lección post COVID consistirá en revisar los efectos de nuestro sistema representativo y darle mayor número de atribuciones de acción y decisión al congreso, así como ampliar o establecer en México los derechos de las minorías, que son fundamentales, y que tienen que ver con el control del ejercicio del poder, concluyó.
En esta sesión, moderada por la profesora Patricia Martínez Torreblanca, también participaron los académicos Leonardo Figueiras y Ricardo Uvalle, docentes de la Facultad.
