Adolescencia vulnerada
Elena Azaola Garrido, presentó el informe especial: «Adolescentes: vulnerabilidad y violencia», en la Facultad. Fotografía: Alicia Mendoza| Gaceta Políticas
En la apertura del Seminario: Trata de personas, migración y violencias, del semestre 2018-1, presidida por el maestro Mario Luis Fuentes, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas, así como por la doctora Angélica Cuéllar, directora de la Facultad, la profesora Elena Azaola Garrido, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), presentó el informe especial: «Adolescentes: vulnerabilidad y violencia», mismo que muestra que en México existen 11 millones de adolescentes entre 14 y 18 años, el 10 por ciento de la población, de los cuales 13 mil llevan un proceso legal en curso por haber cometido algún delito y de ellos 3 mil se encuentran privados de su libertad.
Luego de apuntar que esta indagación sobre el sistema de justicia de adolescentes la llevó a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en colaboración con el CIESAS, con el objetivo de conocer las condiciones de vulnerabilidad de esta población, la correlación de ésta con la violencia, sus voces y sus historias, Azaola explicó que de acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, aprobada en 2016, sólo se debe privar de su libertad a un adolescente por un máximo de cinco años, pues debe considerarse que el internamiento para él es más fuerte que para un adulto.
La expositora añadió que los adolescentes que han cometido delitos como secuestro, homicidio, robo con violencia y violación han quedado privados de su libertad; es una juventud que ha crecido en contextos de violencia naturalizada que en el día a día normalizan esta situación. Aún más, precisó, de esta población recluida, sólo el 16 por ciento dijo ser inocente del delito por el que se le acusa.
La académica dio a conocer otros datos: los adolescentes son jóvenes que crecieron con padres separados (62 por ciento), en otros casos algún miembro de la familia se encuentra en la cárcel (60 por ciento), otros abandonaron a temprana edad su hogar por problemas familiares (31 por ciento), y otros más porque “querían hacer su propia vida” (27 por ciento).
«El abuso sexual, los malos tratos o descuido de los padres son otros factores que están presentes en esta población en diversos porcentajes; a 53 por ciento de los entrevistados no le gustaba la escuela y desertó; su situación económica la catalogaron como regular pero, el 89 por ciento había trabajado antes de ser privado de su libertad, es decir, 37 por ciento había laborado antes de cumplir 12 años», sostuvo la expositora y agregó: estas condiciones de vulnerabilidad indican que esta población nunca tuvo una posición de niño (estudiar y jugar), además, ganaban los mismos pocos salarios que sus papás, quienes tienen empleos poco remunerados.
Sobre los adolescentes que forman parte de algún grupo de delincuencia organizada, la investigación arrojó que los jóvenes fueron entrenados por policías, marinos, militares, y no sólo ingresaron a este ámbito por dinero sino por una sensación de pertenencia, por haber crecido y convivido con secuestradores o por una atractiva condición de poder.
“Formar parte del grupo les produce una sensación de dominio, de control o poder paralelo que disputa o pretende sustituir al poder del Estado”, comentó Azaola y cuestionó: “¿acaso estos jóvenes no tienen razones para sentirse vulnerados si se analiza toda su situación familiar, social y económica? Han vivido una situación de vulnerabilidad primaria y secundaria que los lleva a una vida delictiva, alertó.
