Implicaciones, expectativas y retos del nuevo gobierno: las bases de la Cuarta transformación.
Este artículo por Héctor Zamitiz, doctor en Ciencia Política, muestra la diferenciación entre cambios y promesas del Plan Nacional de AMLO. | Ilustración: Ángela Alemán
Bastaron cuatro años para que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se convirtiera en un partido-movimiento, con implante en todo el país: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) obtuvo el 1° de julio de 2018, con la coalición Juntos haremos historia, 30,113,483 votos; 53.19 % del total. Es primera fuerza en las dos cámaras del Congreso, mayoría en una veintena de congresos estatales y gobierno en más de 300 municipios, incluidas 13 capitales.
No existió un conflicto postelectoral pues los organismos electorales tuvieron el mejor de los escenarios: que ganara la oposición y lo hiciera con un amplio margen de victoria. De las nueve gubernaturas en juego, sólo en Puebla hay desacuerdo.
Una de las implicaciones inmediatas de este triunfo fue que los partidos PRI, PAN y PRD, que dominaron la escena política en las tres últimas décadas, perdieron posiciones, influencia y dinero: obtuvieron su peor resultado en elecciones presidenciales desde 1994; en conjunto, perdieron casi 21 millones de votos con respecto a 2012; quedaron reducidos a su mínima expresión histórica y encaran un reto mayor: sobrevivir frente a la nueva hegemonía encabezada por el movimiento de López Obrador, debido a las pugnas internas que ya experimentaban, las cuales podrían tornarse en fracturas. En los discursos que pronunció en los 270 mítines de su campaña, AMLO fue delineando un país idílico. Prometió: “el reino de la justicia en la tierra”, un México sin corrupción, sin abusos de poder, sin frivolidades ni lujos en la alta burocracia; donde “los de arriba” ganen menos y “los de abajo” más. Un presidente sin residencia en Los Pinos, sin Estado Mayor Presidencial para él, sus familiares y amigos; sin pensión vitalicia, sueldazo, gastos excesivos de vestimenta, protocolo, viajes al extranjero, automóviles, telefonía, viáticos…y sin un ejército de asesores.
El presidente electo prometió un Estado sin un órgano oficial de inteligencia dedicado al espionaje; sin contratos amañados ni contratistas consentidos, y sin una partida excesiva y discrecional en publicidad oficial. Una nueva administración pública descentralizada, donde sólo media docena de secretarías de Estado se quedarían en la capital del país, junto con la presidencia. AMLO prometió también, una nueva política de seguridad, sin violaciones a los derechos humanos, con instituciones coordinadas entre sí y funcionarios que madrugarán para analizar la evolución diaria del delito; es decir, “un país de becarios y no de sicarios”.
Aunque considerado utópico su decálogo de cambios, conviene diferenciar promesas de temas fundamentales. Ambos se traducirán en un Plan Nacional de Desarrollo, el cual todavía no conocemos.
AMLO cuenta con una mayoría en el Congreso de la Unión que no se había visto desde 1977, año en el que el PRI perdió la hegemonía en la Cámara de Diputados, lo que le otorga mejores condiciones que a sus antecesores para poner en marcha su proyecto de nación; aunque para lograrlo deberá mantener cohesionada su coalición legislativa, que está integrada con miembros de posiciones ideológicas tanto moderadas, como extremas.
Con un número de senadores y diputados que ni siquiera imaginaron tener, los partidos que llevaron como líder a Andrés Manuel López Obrador tienen una fuerza de 70 senadores y 313 diputados federales –pertenecientes a MORENA, PT y PES. A la fecha, la LXIV Legislatura ya empezó con los cambios en las leyes, es decir, el motor de tales modificaciones hasta antes de su toma de posesión, ha sido el Congreso federal.
Por lo que respecta al nuevo Senado, éste quedó integrado por una amalgama de políticos veteranos, ex diputados locales y medio centenar de personajes sin experiencia legislativa que conforman la LXIV Legislatura, donde MORENA y sus aliados ocupan 70 de los 128 escaños, nueve de ellos se insertarán en el gabinete del nuevo gobierno, así como en las coordinaciones estatales que López Obrador ha considerado crear. De 27 congresos estatales que entraron en funciones a partir del 30 de agosto, la mayoría los representaría mayoritariamente MORENA
El 9 de agosto inició formalmente la transición de poderes entre los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Correrán 113 días de un proceso regulado en la Ley de Administración Pública Federal y un acuerdo presidencial publicado el 24 de julio de 2017 en el Diario Oficial.
Conviene destacar que aproximadamente tres semanas antes de la jornada electoral, la opinión pública se refería a un pacto existente entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pues no se percibían confrontaciones serias entre el presidente en funciones y el virtual electo. Consideramos que no podía haber ningún tipo de pacto entre ambos; pues si se hubiera dado en privado y éste se hace público, habría perdido credibilidad López Obrador.
Por el contrario, lo que se puede presuponer es que Peña Nieto decidió no obstaculizar de ninguna forma la transición del poder gubernamental, que muchos han considerado demasiado tersa, pensando en que el presidente recién electo, cuando entrara en funciones, consideraría ser benévolo en la rendición de cuentas con su antecesor.
Sin embargo, una transición de 153 días entre la elección del nuevo mandatario y su toma de protesta siempre generará incertidumbre. Era previsible que el “interregno mexicano”, en su larga espera, tuviera tres consecuencias: parálisis, falta de bases legales para tomar decisiones y desgaste de quienes integrarán el gobierno.
Los medios de comunicación y las redes sociales han publicado artículos, declaraciones, impugnaciones de los adversarios, detractores y disidentes del nuevo gobierno. Pero en cuanto al factor estadounidense, el nuevo gobierno estableció una relación “cordial” con Donald Trump y ha iniciado una reestructuración de relaciones con el vecino país; participó en forma activa e impulsó la renegociación entre México, Estados Unidos y Canadá. Sus puntos de vista fueron decisivos y el TLCAN —en adelante T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá— pudo sobrevivir.
El contenido de la “Cuarta transformación” es para muchos un enigma, pero tiene una premisa política indudable, la concentración del poder político, en el partido, en la persona del presidente y en el Ejecutivo Federal. Coincidimos con quienes afirman que de eso depende la gobernabilidad del nuevo régimen, frente a los problemas que enfrentará, aunque el centralismo que se avecina “es un intento mucho más radical de control directo, mediante una pequeña red que responda personalmente al titular del Ejecutivo; la Cuarta transformación, supone, también, una reorganización del gobierno, nuevas medidas de política económica, un ajuste drástico en el gasto gubernamental, la creación de nuevos programas sociales”. Dicho cambio no será fácil y llevará tiempo, pues se enfrentará a restricciones económicas, políticas y legales y a las resistencias de los afectados.
AMLO llegó con un liderazgo social y político fuera de duda, tiene las condiciones para ser exitoso en su gestión. Aunque, “víctima de su triunfo, puede terminar por restaurar el presidencialismo hegemónico”. Quiere pasar a la historia y puede hacer de esa ventaja legislativa la avenida para que su gobierno sea de corte social, controlar a quienes ejercen el poder y se corrompen. Pero no se trata de sustituir la corrupción por la arbitrariedad, sino de crear instrumentos de control que incluyan a los gobiernos estatales y locales. Es la oportunidad de la izquierda, la misma que en años recientes tuvo y desperdició la derecha.
México votó ahora por la izquierda, no como una mera reacción circunstancial. Fue una clara decisión de buscar un gobierno con orientación social. Es un mérito del líder, pero también de la sociedad. “Lo que toca al siguiente gobierno es que México logre, por fin, la construcción de un Estado democrático en la que el ejemplo personal no basta. De no avanzar en eso, el desencanto será generalizado.”
Los grandes retos del gobierno de AMLO no son solamente los que mencionó como propuestas de campaña. Son los problemas histórico-estructurales del país: la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, la democracia, desmontar el corporativismo y el clientelismo y observar el respeto a los derechos humanos, lo cual supone buscar la pacificación del país. En este sentido, el nuevo gobierno tiene como desafío recobrar la confianza en las instituciones, perdida en los últimos años.
El caso de Ayotzinapa también es un reto, puesto que la herida sigue abierta.
A seis semanas del cambio de gobierno las presiones han aumentado sobre el presidente electo, pues algunos de los grupos que lo apoyaron en campaña exigen que cumpla sus promesas, y los que no votaron por él han aumentado las críticas por sus planes. Se enfrenta a la situación inevitable de qué es lo urgente, lo importante y lo necesario. Destacan entre las presiones las diferencias por el Nuevo Aeropuerto, en el que el próximo grupo en el poder optó por convocar a una consulta que está siendo a todas luces criticada, pero que demuestra que el tema se extendió, del debate de la campaña al periodo de transición gubernamental. La disyuntiva es: ¿quién deberá pagar un mega proyecto impulsado por el gobierno saliente con los empresarios? Descentralización y Austeridad. Estas propuestas han manifestado varias resistencias pues reducir salarios, recortar plazas, minimizar prestaciones y desconcentrar el gobierno, son planes que han provocado críticas. Educación, la CNTE exige a AMLO cumplir una de sus principales promesas: derogar la reforma educativa; además, ha comenzado a boicotear los foros de consulta de la administración entrante. Seguridad, algunos analistas consideran que haber dejado los foros en manos del próximo secretario de Seguridad Pública, y no en gobernación, fue un error de la consulta a las víctimas de la violencia.
A estos retos, se suma la ola de migrantes centroamericanos que han decidido llegar a toda costa a los Estados Unidos, cuestión que se convirtió súbitamente en los últimos días, en un asunto más que integrar a la agenda gubernamental.
Héctor Zamitiz Gamboa
Doctor en Ciencia Política. Profesor-Investigador adscrito al Centro de Estudios Políticos de la FCPyS
