ELECCIONES Y CONSTITUYENTE

José Woldenberg, Doctor en Ciencia Política, enfatiza la importancia de la Ciudad de México en el gobierno. Ilustración: Adriana Godoy

El 15 de septiembre se instalará la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y para el último día de enero de 2017 deberá estar aprobada la Constitución de la entidad. Las potencialidades y límites de dicha Asamblea se encuentran en el artículo 122 de la Constitución y sus posibilidades también están condicionadas por la correlación de fuerzas que exista en su seno. Pero vayamos por partes.

Según la Constitución, el ponente, quien deberá entregar a la Asamblea un proyecto de Constitución para la Ciudad de México, será el Jefe de Gobierno. Para ello, el Dr. Miguel Ángel Mancera integró una comisión amplia y diversa para que lo auxiliara en esa labor y además designó a un grupo de asesores que eventualmente tendrán voz sobre los contenidos de la misma. Pero la responsabilidad de ese documento es del Jefe de Gobierno y tendrá que entregarlo a más tardar el 15 de septiembre. Imagino que la creación de cuerpos colegiados para la redacción del texto tienen la intención de embarnecerlo, de integrar plataformas diversas, de conjugar diagnósticos y aspiraciones que laten en eso que llamamos sociedad civil, al tiempo que recubre de mayor aprecio y legitimidad al proyecto. Es, en principio, una operación política que parece pertinente. No obstante, la palabra final la tendrá la Asamblea. De eso se trata.

Las reglas para la composición de la Asamblea fueron producto de difíciles negociaciones y al final el Congreso de la Unión decidió que se integraría con 40 asambleístas designados y 60 electos. No se requiere demasiada sagacidad para entender que dada la escasa presencia electoral del PRI y el gobierno federal en el D.F., éstos condicionaron la posibilidad de la Asamblea a un acuerdo que les diera una cierta representación en el evento. Los designados fueron nombrados de la siguiente manera: 14 por la Cámara de Diputados, 14 por la de Senadores, 6 por el Presidente de la República y otros 6 por el Jefe de Gobierno de la ciudad de México. Los 60 restantes fueron electos el 5 de junio a través de listas que presentaban los distintos partidos (no se podían coaligar) a los que se agregaron candidatos independientes (cada fórmula era considerada como un partido y por ello para obtener un escaño necesitaban por lo menos el 1.66% de la votación –lo que resulta de dividir 100 entre 60- o resto mayor).

Es el único ejercicio comicial –por lo menos de las últimas décadas- en que todos los representantes electos lo son bajo el criterio de la representación proporcional estricta y por lo cual el territorio no se dividió en distritos. O para decirlo de manera más clara: en las elecciones cada partido obtendría tantos asambleístas como lo indicara el porcentaje de su votación. No obstante, los designados generaron una distorsión de dicha representación.

Al final, la Asamblea Constituyente quedará integrada de la siguiente manera: PRD 29, Morena 22, PRI 21, PAN 14, PVEM 3, PANAL 3, PES 3, MC 2 y un independiente. Suman 98 porque Morena no aceptó participar en los nombramientos que realizaron las Cámaras del Congreso (y estoy asumiendo que los seis designados por el Presidente girarán en torno al PRI y los seis del Jefe de Gobierno en relación al PRD). Lo cierto y el hecho político más relevante es que ninguna bancada por si sola podrá aprobar alguna iniciativa y ninguna por sí sola tendrá capacidad de veto. Porque de acuerdo a las reglas fijadas por el Congreso para la celebración de la Asamblea, los acuerdos sustantivos deben tener por lo menos el apoyo del 66.6% de los participantes.

Es decir, que la conformación de la Asamblea y sus reglas impondrán a los participantes la necesidad de escuchar, acercar, negociar y pactar, para que las iniciativas se transformen en artículos de la Constitución. Porque si algún asambleísta o una bancada partidista optan por la simple fórmula testimonial de exponer sus puntos de vista e iniciativas y se rehúsan a la fragua de acuerdos, no sólo serán estériles sus apuestas sino que eventualmente –si son 34 o más- pueden paralizar a la Asamblea.

Los trabajos de la Asamblea no serán anodinos. Si bien tiene límites, sus márgenes para el diseño de una Constitución “de vanguardia” son amplios. En materia de derechos, gobierno, Poder Legislativo, justicia, medio ambiente, trabajo, desarrollo, medios de comunicación, y súmele usted, puede trazar líneas de compromiso nada deleznables. Incluso puede redefinir las unidades territoriales y políticas en las que se divide la Ciudad. Y por lo pronto, ya sabemos (porque así está establecido en la Constitución), que la fórmula unipersonal de gobierno de las hoy delegaciones, necesariamente tendrá que transformarse porque las alcaldías –que substituirán a los jefes delegacionales- contarán con órganos colegiados pluralistas (concejos), puesto que en ellos estarán representados la mayoría y algunas minorías.

«La Ciudad de México no será el estado 32. Seguirá siendo una entidad sui generis, la capital del país y la sede de los poderes federales. “Gozará de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa”. La Ciudad de México no será el estado 32. Seguirá siendo una entidad sui generis, la capital del país y la sede de los poderes federales. “Gozará de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa”.

Y desde ahora tenemos la certeza, porque lo establece la Constitución, que “el ejercicio del Poder Legislativo se deposita(rá) en la Legislatura de la Ciudad”. Su integración la decidirá la Constitución de la entidad, pero sus diputados serán electos mediante sufragio universal y durarán en su encargo 3 años. Deberá contar con diputados electos por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional y, al igual que en la conformación de la Cámara de Diputados federal, ningún partido podrá tener más del 8 por ciento de diputados en relación a sus votos (salvo que los haya obtenido por la vía de mayoría relativa). “Podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos”, siempre y cuando los postule el mismo partido (“salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”). Tendrá la función de revisar la cuenta pública y contará con “una entidad de fiscalización”, con “autonomía técnica y de gestión”. El titular de esa unidad deberá ser electo con los votos de las dos terceras partes de los miembros presentes y durará en su encargo no menos de 7 años.

“El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”. Será electo por 6 años. En ningún caso podrá ser reelecto. Le corresponde la dirección de las instituciones de seguridad pública y “nombrar y remover libremente (a quien) ejerza el mando directo de la fuerza pública”. Aunque el Presidente de la República podrá removerlo “por causas graves”.

“El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución…de la Ciudad”. Para ser magistrado del Tribunal se requieren los mismos requisitos que para ser ministro de la Corte.

“La hacienda pública…y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores públicos”. Será la Legislatura quien apruebe el presupuesto y facultad de la Ciudad establecer las contribuciones “sobre la propiedad inmobiliaria”. Pero “no podrá establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución”.

“La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que la Constitución prevé para las entidades federativas”, es decir, Instituto Electoral, Comisión de Derechos Humanos, Instituto de Acceso a la Información.

Como resulta sencillo observar tenemos algunas certezas en relación a los contenidos de la próxima Constitución de la Ciudad de México, pero no son pocas las áreas en las que de seguro tendremos innovaciones. Al tiempo, Veremos.

José Woldenberg

Doctor en Ciencia Política por la UNAM.

Profesor de la FCPyS desde 1974.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Expresidente del Consejo General del IFE.

Actualmente es colaborador semanal del periódico Reforma.