Las candidaturas independientes: un intento malogrado
Martha Singer analiza las candidaturas independientes en el presente proceso electoral. Ilustración: Ángela Alemán
Las elecciones federales en curso son las primeras en las que se han podido presentar candidaturas independientes a la presidencia de la República o al senado. También en estos procesos están incluidas por segunda ocasión candidaturas independientes a diputaciones federales. En los comicios locales concurrentes otros candidatos independientes compiten este año por gubernaturas, diputaciones locales y cargos en los ayuntamientos que simultáneamente están en disputa.
A primera vista, la existencia de candidatos independientes debiera ser considerada como resultado del avance democrático en el país, porque significaría que los ciudadanos han recuperado su pleno derecho a ser votados y que está resuelta la demanda ciudadana de acabar con la exclusividad que han disfrutado los partidos políticos con registro para seleccionar y designar candidatos a los cargos de elección popular. Sin embargo, como argumentaré en las siguientes líneas, considero que aún estamos lejos de que se hayan solventado esas demandas por varios motivos: el primero tiene que ver con la intervención de la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para llevar a Jaime Rodríguez, El Bronco, a la boleta electoral como candidato independiente a la presidencia de la República, a pesar de no haber completado el número de firmas requerido por la ley, y antes de juzgar sobre las faltas cometidas en 59% de los registros de firmas de apoyo que presentó y en los que el INE encontró irregularidades. La decisión de 4 de los 7 magistrados del Tribunal, además de ahondar las diferencias con el INE, no abona a dotar de credibilidad y confianza al proceso electoral, ni a procurar la equidad en la contienda. «Hasta ahora, la gran mayoría de las candidaturas independientes han sido alcanzadas por ex militantes de partidos… porque en el diseño normativo se privilegia y fomenta una visión de la política personalista y coyuntural, despojada de contenido» En segundo lugar, porque hasta ahora, la gran mayoría de las candidaturas independientes han sido alcanzadas por ex militantes de partidos, y además, porque en el diseño normativo se privilegia y fomenta una visión de la política personalista y coyuntural, despojada de contenido.
Algunos antecedentes mínimos
Con la ley electoral de 1946 comenzó un ciclo en el que solamente los partidos políticos con registro legal estarían facultados para presentar candidaturas a los puestos de representación popular. Desde entonces, las condiciones y requisitos para alcanzar ese registro se han modificado en múltiples ocasiones, moldeando el sistema de partidos hasta llegar al que actualmente existe en el país. Hoy en día el complejo procedimiento de registro inicia con la inscripción de la intención ante la autoridad electoral, lo cual solamente puede llevarse a cabo cada seis años, después de la elección presidencial para el ámbito federal, o de gobernador, si lo que se busca es constituir un partido local. El monopolio del derecho a decidir sobre las candidaturas a los cargos de elección, ligado al creciente distanciamiento entre las cúpulas dirigentes de los partidos y los ciudadanos, ha sido, evidentemente, objeto de inconformidad y debate constante.
Uno de los momentos significativos en que el tema cobró relevancia fue en 1996, cuando el debate sobre la apertura al registro de candidaturas ciudadanas se incluyó en las mesas de diálogo que se instalaron en Chiapas, de una de las cuales resultaron los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las ideas volcadas en ese entonces, sobre la necesidad de abrir a la ciudadanía la postulación de candidaturas a los cargos de representación política, sin embargo, fueron dejadas de lado en el diseño del marco legal para los partidos y las elecciones, que simultáneamente se negoció.
La reforma electoral de 1996, a pesar de no haber sido definitiva como se esperó, colocó las bases para desarrollar el sistema de tres partidos que se han distribuido la mayoría de los escaños del poder legislativo, y que con distintas combinaciones y en ocasiones coaligados o acompañados de satélites pequeños, han alcanzado de manera alternada el poder en distintos órdenes de gobierno. También, cabe recordar, fue con esa legislación de 1996 que se “ciudadanizó” el Instituto Federal Electoral y se transformó el órgano de justicia electoral dando paso a la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Pasaron más de tres lustros con sucesivas reformas electorales, para que la iniciativa de candidaturas sin partido político se aprobara en 2012, reformando los artículos 35 y 116 constitucionales. Con mucho, ello fue resultado de las presiones derivadas de la creciente desvinculación de los partidos políticos con las necesidades e intereses de grupos mayoritarios de la población, los frecuentes conflictos post electorales, así como la profundización de la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, aspectos captados sin excepción por numerosas encuestas y sondeos de opinión.
Fue hasta 2014, en el contexto de las negociaciones del Pacto por México signado entre las cúpulas partidistas y el Gobierno Federal, que se promulgó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), estableciendo finalmente las características y requisitos para que estas candidaturas sin partido pudieran tener lugar.
Amplio interés ciudadano y pocas oportunidades
La experiencia de las candidaturas independientes ha mostrado que su diseño normativo aún es frágil. A diferencia de los partidos que requieren un periodo largo de tiempo para cumplir con las etapas que la ley exige para su registro, las candidaturas independientes que reconoce la ley están diseñadas para surgir al calor de la coyuntura electoral. De hecho, sus requisitos apuestan a la política personalista, de liderazgos efímeros apoyados por un conjunto de ciudadanos que muestran su simpatía en el contexto de un proceso electoral particular, sin que ello se traduzca en la entrega posterior de su voto. Las experiencias que se han tenido hasta ahora muestran que esta figura de participación ha servido más a quienes ya cuentan con trayectoria partidista que para el posicionamiento de nuevos liderazgos sociales, y que han sido aprovechadas como soporte de candidaturas de ex militantes que no pudieron encontrar espacio en los partidos.
Los requisitos que la ley establece para alcanzar la inscripción de estas candidaturas, los mecanismos para poder cumplir con ellos y los recursos que se necesitan para participar exitosamente en el proceso electoral, dan pie a que sólo una minoría pueda competir en elecciones por este medio. Aún así, en varias entidades federativas se han elevado las exigencias para su registro. Mientras que para elecciones federales deben obtener 1% de firmas de la lista nominal de electores, 12 entidades federativas exigen 3%, Baja California Sur 4% y Aguascalientes 5%, además del cumplimiento de la dispersión territorial correspondiente.
«el sistema electoral mexicano prevé el financiamiento público y privado para los partidos políticos… pero al mismo tiempo establece que no cualquiera puede tener acceso a esos recursos» Como es sabido, desde 1977 el sistema electoral mexicano prevé el financiamiento público y privado para los partidos políticos y desde 2014 también para los candidatos independientes, pero al mismo tiempo establece que no cualquiera puede tener acceso a esos recursos. Tanto partidos como candidatos independientes deben demostrar que cuentan con apoyo ciudadano y representatividad para gozar de éstos. El problema, sin duda, es cómo y en qué plazo de tiempo debe presentarse ese aval y luego, para la autoridad electoral, cómo garantizar la autenticidad de ese apoyo ciudadano.
La ley establece un breve periodo de tiempo para que los aspirantes se dediquen a recabar firmas y comprobantes. Para ello, deben contar con una estructura capaz de operar simultáneamente y llevar a cabo esta tarea al menos en el espacio territorial en el que debe cubrir la distribución de apoyos requerida, así como tener financiamiento privado suficiente para solventar los gastos. A la vez, la ley les impide realizar “actos anticipados de campaña”, que la LGIPE en su Artículo 3.1 define no sólo como hacer llamados a votar, sino también lo que parecería un sinsentido: “expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura”, e igual que a los partidos políticos, les impide “contratar propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión”, de manera que extender el número de simpatizantes se convierte en una ardua tarea contra reloj.
En sentido inverso, buscando resolver la franca desventaja que tienen los candidatos independientes respecto al financiamiento otorgado a los partidos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha permitido que se rebase el límite de financiamiento privado al que tienen derecho por ley, equivalente al “10% del tope de gasto para la elección de que se trate” (Art. 399 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales). Para las elecciones de 2015, 2016 y 2017, quienes interpusieron queja ante el TEPJF fueron autorizados a incrementar el financiamiento privado hasta alcanzar 50% del monto total del tope de gastos de campaña fijado para los candidatos de los partidos. Para los comicios de 2018, el TEPJF autorizó incluso igualarlo.
En esta ocasión se esperaba que las solicitudes de inscripción de candidatos independientes se multiplicaran dado el elevado número de cargos a elegir. Además, generó enorme expectativa la posibilidad de recurrir a este recurso para formar un polo opositor a la continuidad priista en la presidencia y a la vez disputar la ventaja construida desde la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y la fuerza de su organización partidista para encauzar el descontento social.
Particularmente desde el centro-derecha, organizaciones ligadas al poder económico como Mexicanos Primero y el grupo que de esta organización deriva: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y otros colectivos de interés, exploraron la posibilidad de ocupar el espacio de las candidaturas independientes.
Aún así, 87 personas manifestaron ante la autoridad electoral su deseo de figurar como candidatos independientes, quedando 48 reconocidos como aspirantes, y de forma muy controvertida 2, incluidos en la boleta electoral: Margarita Zavala, quien renunció al PAN al no conseguir en éste la candidatura presidencial, y por instrucción del TEPJF el gobernador de Nuevo León con licencia, Jaime Rodríguez.
El mecanismo establecido por el INE para recolectar y acreditar las firmas de apoyo para este proceso electoral permitió identificar un enorme número de irregularidades en las que incurrieron los tres aspirantes que entregaron una cantidad de rúbricas que, según sus cuentas, superarían las requeridas (866 mil 593).
De las firmas presentadas por Margarita Zavala (1,578,774), se dieron por válidas 870,168, cumpliendo con dispersión de 1% en 21 entidades federativas, es decir, 45% de éstas fueron irregulares.
Jaime Rodríguez entregó comprobantes de 2,034,403 de firmas de apoyo, pero de ellas solamente 41% eran válidas: 835,511, por lo que no alcanzó la cifra solicitada aunque cumplió con el umbral de dispersión en 17 estados.
Armando Ríos Piter también dijo haber superado la suma de apoyos y entregó 1,765,599 firmas, pero sólo el 14% fueron declaradas válidas (242,646).
En manos de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) está averiguar estas irregularidades, así como la denuncia pública referente a la venta de listados nominales de electores que en su momento hizo Pedro Ferriz de Con, quien también intentó alcanzar la candidatura independiente a la presidencia.
De la larga lista de aspirantes destacó María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, quien participó en su calidad de representante del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) —convocado por el Congreso Nacional Indígena y el EZLN—. Como en su momento lo comunicó el CIG, el principal propósito para caminar por esta vía sería visibilizar la lucha del movimiento indígena en el país y aprovechar la oportunidad para fortalecer la organización de los pueblos indígenas y la defensa de su autonomía. Sin tener recursos suficientes para crear y movilizar al equipo de acopio de firmas y documentos probatorios, no alcanzó a cumplir con los requisitos, aunque 95% de los comprobantes que entregó fueron válidos y cumplió cabalmente con la rendición de cuentas de los gastos realizados, a diferencia de Margarita Zavala y Jaime Rodríguez. No obstante, con su participación en este proceso y su presencia en numerosas plazas del país, volvió a colocar la exigencia de respeto a los derechos indígenas en el centro de la agenda pública. Es interesante que paralelo a la búsqueda de esta candidatura, el INE decidiera impulsar la inclusión de voces indígenas en el Congreso, obligando a los partidos políticos, a manera de acción afirmativa, a postular indígenas en las candidaturas a diputados federales en al menos 12 de los 28 distritos indígenas del país, cuestión que el TEPJF decidió ampliar a 13 distritos.
El interés por conseguir candidaturas independientes al senado también fue significativo. De 78 manifestaciones de intención, sin embargo, solamente 7 cumplieron los requisitos: el ingeniero Lorenzo Ricardo García de León Coria, en Baja California Sur; el ex gobernador de Chiapas, Pablo Abner Salazar Mendiguchía; Soledad Romero Espinal, ex militante del PRD, en Guerrero; José Pedro Kumamoto Aguilar, en Jalisco; Raúl González Rodríguez, en Nuevo León; Manuel Jesús Clouthier Carrillo, en Sinaloa, y Obed Javier Pérez Cruz, en Tlaxcala.
Además, para candidaturas de diputados federales hubo 240 manifestaciones de intención, de las cuales 37 estarán en las boletas: en Chiapas 1, Nuevo León 9, Chihuahua 4, Oaxaca 1, Guanajuato 1, Sinaloa 2, Guerrero 3, Sonora 1, Hidalgo 1, Tabasco 4, Jalisco 4, Tamaulipas 2, Michoacán 2 y Morelos 2.
«[…]afirman no aspirar a convertirse en partido político, aunque en los hechos ya comienzan a actuar como tal» Por último, cabe señalar que entre los candidatos independientes a la Cámara de Diputados, tres pertenecen a #Vamos a reemplazarles, organización encabezada por Pedro Kumamoto, diputado local independiente con licencia para presentarse como candidato al senado. Este grupo de jóvenes, que se apoya con la plataforma Wikipolítica, ha acogido la idea de que la gente está indignada con la clase política y que toca a los jóvenes con ideas nuevas reemplazarlos. Además de los espacios federales, intentan llegar también a los congresos locales de Jalisco, Ciudad de México, Yucatán, San Luis Potosí y Nuevo León, e intentaron colocar una candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Para las elecciones en curso suman 17 candidatos independientes locales que comparten ideario y estructura, quieren agregar intereses y representarlos, pero afirman no aspirar a convertirse en partido político, aunque en los hechos ya comienzan a actuar como tal.
Reflexiones finales
Las experiencias de las candidaturas independientes muestran que con el diseño que tenemos no se está resolviendo la falta de representatividad de las organizaciones partidistas y de los que finalmente ocupan los cargos de representación política. Las candidaturas, vistas como esfuerzos de individuos o en el mejor de los casos de personalidades, no abona para resolver el creciente distanciamiento entre gobernantes y gobernados.
A la vez, el formato con el que se pretende atender la espontaneidad más que el cultivo de la organización, tampoco ha servido para incorporar voces excluidas del espacio político.
Ante la rigidez para la formación de nuevos partidos políticos y con los riesgos que conlleva la política personalista de las candidaturas independientes, en el proceso electoral en curso éstas ya han pasado a ocupar un lugar en el mercado de las negociaciones, los contrapesos y las alianzas políticas. ¿Cómo explicar, si no, la decisión del Tribunal Electoral de intervenir a favor de colocar a Jaime Rodríguez en la contienda presidencial?
Martha Singer Sochet – Doctora en Ciencias Políticas por la UNAM. Profesora de la FCPYS. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es titular de la División de Estudios Profesionales de la Facultad.
