América Latina y el Caribe frente a Trump 2.0 en materia migratoria: entre la ruta impuesta o el compromiso común

Por Tomás Milton Muñoz Bravo
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con Orientación en Relaciones Internacionales

Foto: Carlos Barria para Reuters, en Infobae.com

El regreso a la casa blanca de un recargado Donald Trump 2.0, con mayoría en el Congreso y rodeado de incondicionales xenófobos y promotores de la idea infundada de que la inmigración irregular es un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, no solo supone graves riesgos y presiones para su vecino Estado mexicano, también para el resto de América Latina y el Caribe, por ser el origen de algunos de los principales grupos de inmigrantes que intentan llegar a la Unión Americana o que ya residen en territorio estadounidense, en momentos en que la unidad latinoamericana es endeble y sin grandes visos de superar las diferencias ideológicas frente a las amenazas arancelarias y la presión ejercida por el primer mandatario, declarado convicto en la historia del país norteamericano. Al igual que su primer periodo presidencial (del 20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021), el empresario ha optado por blandir el garrote para “negociar” de forma bilateral con diferentes países de la región latinoamericana y caribeña con los propósitos de detener la inmigración indocumentada y, ahora, de que reciban a sus connacionales deportados en condiciones humillantes. Las primeras voces de protesta en cuanto al trato indigno proferido a sus connacionales provinieron de parte de Brasil, por la vía diplomática, y de Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, se negó a recibir aviones militares con repatriados y se enfrentó en redes sociales electrónicas con Trump, lo que casi le cuesta la imposición de aranceles de 25% a todos los bienes colombianos exportados a Estados Unidos.
Petro solicitó una reunión urgente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para atender el tema de las deportaciones en la región, pero la falta de consenso entre los 33 integrantes de la organización y la superación del impasse colombo-estadounidense llevó a cancelar la convocatoria, con lo que se perdió la gran oportunidad de proponer y generar propuestas regionales en beneficio de los propios Estados y de sus poblaciones en movilidad.
Este breve conflicto del mandatario colombiano con su par estadounidense corroboró al menos tres situaciones: 1) la administración Trump seguirá con su lógica de extorsión en el plano bilateral para conseguir sus objetivos (al aplicar el conocido “divide y vencerás”); 2) se mantendrá el espectáculo denigrante de las deportaciones con inmigrantes atados de pies y manos para enviar el mensaje de que se combate a supuestos criminales sin cabida en la “gran nación blanca y anglosajona”, aunque le sea imposible sacar a 11 millones de personas no autorizadas residentes en ese país; y 3) América Latina y el Caribe está dividida, conmocionada y sin rumbo para trabajar de forma colectiva en la gestión migratoria. En las siguientes semanas y meses, ante la necesidad de demostrar músculo, la nueva administración estadounidense continuará con su actitud hostil hacia otros países del continente y los obligará a convertirse en extensiones de la patrulla fronteriza dedicados a detener los flujos migratorios y/o a convertirse en supuestos “terceros países seguros”, en los que se tendrán campamentos improvisados para solicitantes de asilo y de refugio.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya logró que el presidente panameño, José Raúl Mulino, tomara distancia de las inversiones chinas y anunciara su compromiso de detener y deportar a cuantos migrantes indocumentados pueda ante el temor de las amenazas de Trump de recuperar el Canal de Panamá. Con El Salvador avanzan las negociaciones que llevarán a convertirse a esta nación centroamericana en “tercer país seguro” destinado a solicitantes de asilo, sin contar con las condiciones de seguridad y humanas adecuadas. La Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, en tanto, será un centro masivo de detenciones para inmigrantes sacados desde Estados Unidos y en el que no se hará distinción entre criminales reales y personas que sólo infligieron leyes de inmigración.

Dr. Tomás Milton Muñoz Bravo.

Las presiones abarcarán a otros países centroamericanos, sudamericanos y caribeños, sin que hasta el momento la región haya demostrado capacidad de respuesta conjunta. Esta tendencia tiene que romperse y para ello se tienen que emplear todos los recursos posibles en beneficio de los propios Estados latinoamericanos y caribeños y de sus nacionales en condición de movilidad, entre ellos foros como la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM), y organizaciones como la Alianza del Pacífico el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Comunidad Nadina de Naciones (CAN), el Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en las que se ha abordado en mayor y menor medida el tema de la libre movilidad, al igual que todas las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculadas con migración, refugio y defensa de derechos humanos.
Urge poner pausa a las diferencias ideológicas, restaurar relaciones diplomáticas y generar estrategias destinadas a: proteger a los latinoamericanos y caribeños de forma conjunta desde consulados y embajadas en Estados Unidos; procurar deportaciones dignas no sólo desde la Unión Americana, también entre los Estados de la región; cumplir con los compromisos internacionales y regionales de asilo y refugio; reincorporar a los repatriados de la mejor manera posible con el apoyo de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil en general; explorar las oportunidades que ofrecen mercados laborales intrarregionales, etcétera.
Es probable que haya mandatarios de la región que prefieran estar del lado del opresor u opten por evitar represalias, pero si no se cambia de rumbo, sólo privará una voz xenófoba desde el norte del continente que seguirá con la división de la región y con el maltrato y humillación de los migrantes, tan necesarios en la economía estadunidense, pero menospreciados por el grupo en el poder, que se basa en el racismo y el nativismo al definir sus políticas y es encabezado por un convicto devenido en presidente.