Las infancias en México son el grupo, considerado por edad, en mayores condiciones de pobreza. La medición multidimensional que presenta de manera bienal el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) muestra que desde el 2008 —primer año en que se llevó a cabo este registro— y hasta el 2020, el 50% o más de la población menor de 18 años ha sido considerada como pobre en todo el país (CONEVAL, 2021).

Asimismo, de acuerdo con los resultados presentados sobre la pobreza en los municipios del país, los cuales están desagregados por grupos de población y con datos para los años 2010, 2015 y 2020, se identificó a 866 de éstos en los que el 80% o más de su sector infantil vive en condiciones de pobreza; cifra que implica a uno de cada tres municipios del país que son predominantemente indígenas y rurales, o con una muy alta proporción de población rural (CONEVAL, 2023).

El análisis de los datos a escala municipal muestra que, en contraste con lo anterior, hay sólo 16 municipios del país, de los 2,457, que se consideran en la mencionada medición (0.65% del total), donde hay menos de 20% de niñas y niños en pobreza. De esos 16 municipios, 12 están localizados en Nuevo León; tres en Chihuahua y otro en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Debe recordarse que la pobreza multidimensional es una medida sintética; es decir, considera varios factores y los resume en un promedio, de tal forma que la condición de pobreza de una persona tiene al menos una carencia social, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción tanto de alimentación como las no alimentarias (CONEVAL, 2022).

De igual modo, el CONEVAL presentó la medición multidimensional de rezago social, comparable para el periodo 2000, 2005, 2010, 2015 y 2020. En ésta se muestra que en el país hay 7,136 localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, de las cuales, en 5,248 se identifica el llamado “rezago social persistente”; esto es, son lugares en los que el avance es nulo, o bien, hay incluso retrocesos en lo que se refiere al acceso a bienes y servicios públicos y al interior de la vivienda.

Es precisamente en esas localidades donde habita la mayoría de las y los niños en las peores condiciones de pobreza, las cuales, como se observa, implican además una importante precarización de la situación en la que viven: piso de tierra, carencia de agua en la vivienda y de sanitario, o cuando lo hay, es en realidad una letrina o fosa séptica; materiales de la vivienda endebles o simples en paredes y techos, así como ausencia de servicios de salud y educación que cumplan con el estándar constitucional de contribuir a garantizar la dignidad humana.

Un factor adicional a considerar respecto de la pobreza en la niñez es el relativo a la masiva presencia de trabajo infantil en México. Esto es relevante puesto que, si la pobreza se mide fundamentalmente a partir del ingreso, se da pie a una paradoja: las niñas y niños que trabajan elevan sus ingresos, y ello puede llevarles a no ser considerados como pobres; pero al mismo tiempo, son menores que, o abandonan la escuela, o viven en severas condiciones de explotación y condiciones peligrosas para su edad.

La cuestión es que, según los datos del INEGI, en la medición amplia sobre el trabajo infantil se tuvo registro en 2019 de alrededor de tres millones de niñas y niños que laboran. Así, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, 2019, sólo en el 25.1% de los hogares donde hay pequeños que trabajan, no habría consecuencias económicas si éstos dejaran de hacerlo (INEGI, 2020).

Todo lo anterior ocurre en un contexto de enorme violencia hacia la niñez; lo que puede documentarse a través del crecimiento en el número de denuncias de delitos que se cometen con contra de las niñas y los niños, particularmente los homicidios dolosos y los actos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, en los cuales se registra una tendencia creciente en los últimos cinco años, como se ha documentado en el Índice de los Derechos de la Niñez, 2022 (Fuentes & Arellano, 2022).

Si a esto se suman los datos relativos a las caídas en las coberturas de educación, salud y vacunación, como resultado de la pandemia, pero también de decisiones de política pública, como el cierre de escuelas de tiempo completo y la cancelación del Seguro Popular —por citar tres de los rubros más sensibles para la formación y el desarrollo integral de los menores—, puede sostenerse que las condiciones en que vive la niñez mexicana son dramáticas y que exigen un mayor compromiso de la sociedad para construir un país apropiado para las infancias; pero principalmente, un cambio radical en las prioridades gubernamentales en todos los niveles, a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional en torno al Principio del Interés Superior de la Niñez.