Ser migrante en México

Por Gisela Jiménez García

Lic. Alexia Van Scoit. Foto: Alan Chan

Explotación, violencia, amenazas, pobreza, son sólo algunas de las situaciones que obligan a las personas a salir de su país de origen y convertirse en migrante o refugiado.

Así lo sostuvo la licenciada Alexia Van Scoit, especialista en Relaciones Internacionales, al participar en la mesa Los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México en el contexto de la pandemia por la Covid 19, quien precisó que aun cuando un migrante y un refugiado se van de sus lugares de residencia por motivos relevantes, la diferencia entre ambos es que el primero lo hace con la intención de encontrar una mejor opción de vida, económica y personal, mientras que el segundo generalmente lo hace al haber sufrido la violación a sus derechos.

Explicó que un alto número de individuos solicitan refugio en México; de hecho, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tenía, en 2021, 131,448 personas en espera, la cifra más alta en toda la historia del país, en su mayoría provenientes de Honduras y Haití.

Expresó que los migrantes tienen derecho a pedir y recibir asilo, y que México no se detuvo tras la pandemia y siguió recibiendo peticiones. Informó que cuando una persona realiza una solicitud de refugio, su primer derecho garantizando es el principio de no devolución, que evita que sea deportada a un país donde corre riesgos, además de otorgarle salud, educación y un trabajo digno.

Internacionalista Paulina Olvera. Foto: Alan Chan

En su momento, y luego de apuntar que el migrante quiere ejercer su derecho al libre tránsito y a la movilidad, la también internacionalista Paulina Olvera Cáñez, fundadora y directora de la organización binacional Espacio Migrante, apuntó que el paso por nuestro país es complicado, además de que la pandemia agravó las condiciones de movimiento, sobre todo tras el cierre de la frontera México-Estados Unidos.

Indicó que los migrantes solicitantes de asilo quedan en listas de espera sin respuesta ni responsabilidad de estos gobiernos, dejándolos a la deriva; son obligados a seguir su proceso desde México, sin empleo y completamente vulnerables; son rechazados por falta de documentación o residencia permanente y por consecuencia sufren explotación laboral. De igual modo, aseveró que la principal barrera para el acceso a la educación o al sistema de salud, particularmente para la población afrodescendiente, es el idioma.

Frente a estos hechos, la ponente recomendó crear espacios de participación para la comunidad migrante, escuchar sus voces y ofrecer información en sus idiomas.

Por otra parte, Fray Gabriel Romero, director de “La 72, hogar de refugio para personas migrantes”, externó que en la frontera sur de nuestro país las condiciones son diferentes; por ejemplo, en Tenosique, Tabasco, recibir y acompañar en el camino a los migrantes es parte de la tarea principal de este albergue, además de defender sus derechos.

Fray Gabriel Romero. Foto: Alana Chan

Coincidió que para los migrantes una prioridad es caminar, moverse sin detenerse, pero la pandemia los ha obligado a permanecer estáticos, por lo que hay sobrepoblación en los albergues. Añadió que por la emergencia sanitaria muchos de éstos fueron cerrados, lo cual ha dejado a cientos de personas en situación de calle; sin embargo, aseguró que en los abiertos se adoptaron protocolos de higiene, sanitización y cuidado de sana distancia, pasando de albergues abiertos a controlados.

Por su lado, la doctora Vanessa Maldonado, docente de la FCPyS, afirmó que en el ámbito de la migración existe una racialización, no sólo por el color de piel, sino también por el lugar de procedencia; es el caso de las personas de Centroamérica, quienes han sido excluidas, rechazadas y violentadas en México, tanto en la frontera sur como en el norte.

Recalcó que las nuevas maneras de militarización de las fronteras ha complicado el paso de los migrantes, pero las personas no son delincuentes, y tiene derecho a migrar.