{"id":32998,"date":"2025-10-07T15:22:51","date_gmt":"2025-10-07T21:22:51","guid":{"rendered":"https:\/\/gaceta.politicas.unam.mx\/?p=32998"},"modified":"2025-10-10T16:24:57","modified_gmt":"2025-10-10T22:24:57","slug":"desafios-inmediatos-de-la-reforma-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gaceta.politicas.unam.mx\/index.php\/desafios-inmediatos-de-la-reforma-judicial\/","title":{"rendered":"Desaf\u00edos inmediatos de la Reforma Judicial"},"content":{"rendered":"

Por Itzel Z\u00e1rate<\/p>\n

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Foto: elimparcial.com<\/p><\/div>\n

En el foro acad\u00e9mico La Reforma Judicial: los retos de su implementaci\u00f3n<\/em>, expertos en Derecho, Ciencia Pol\u00edtica y transparencia, alertaron sobre los riesgos de esta elecci\u00f3n, efectuada el 1 de junio, y calificaron el proceso como la \u00abcaptura de un poder\u00bb.<\/p>\n

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Julio R\u00edos-Figueroa. Foto: Marycruz Ponce.<\/p><\/div>\n

Julio R\u00edos-Figueroa, profesor del ITAM, precis\u00f3 que esta reforma no es otra cosa que la \u00abcaptura de un poder con un plan boliviano con esteroides\u00bb.<\/p>\n

Al presentar un estudio en proceso sobre el perfil de los 881 cargos judiciales electos, dijo que los nuevos jueces y magistrados tienen, en promedio, 20 a\u00f1os menos de experiencia profesional que los salientes. Mientras m\u00e1s del 60% de los jueces que dejaron sus cargos contaban con un posgrado (maestr\u00eda o doctorado), este porcentaje se reduce en un 20% entre los reci\u00e9n llegados. \u00abMenos de la mitad (48%) de los candidatos proven\u00edan del Poder Judicial Federal, y de ese grupo, la gran mayor\u00eda (67%) hab\u00eda ocupado puestos menores como secretario de Juzgado o Tribunal; asimismo, s\u00f3lo un 23% del total hab\u00eda sido juez o magistrado con anterioridad\u00bb, lo cual significa, explic\u00f3 el acad\u00e9mico, que una gran parte de quienes asumir\u00e1n la impartici\u00f3n de justicia nunca han juzgado antes, hecho que anticipa un periodo de \u00abdecisiones err\u00e1ticas\u00bb y una \u00abmayor incertidumbre\u00bb.<\/p>\n

A su vez, Javier Aparicio, investigador del CIDE, se enfoc\u00f3 en las fallas estructurales del proceso electoral. Con una participaci\u00f3n ciudadana de apenas 13%, los comicios judiciales carecieron de legitimidad desde su base. A\u00f1adi\u00f3 que el dise\u00f1o mismo de la elecci\u00f3n, con listas abiertas y una cantidad abrumadora de candidatos (3,423 para 881 puestos), gener\u00f3 una complejidad que desincentiv\u00f3 el voto informado y facilit\u00f3 el uso de \u00abacordeones\u00bb o gu\u00edas de votaci\u00f3n.<\/p>\n

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Javier Aparicio. Foto: Marycruz Ponce.<\/p><\/div>\n

\u00abLa elecci\u00f3n estaba dise\u00f1ada para tener una baja participaci\u00f3n electoral. Era indefendible incluso antes de conocer los resultados\u00bb, indic\u00f3 Aparicio y enfatiz\u00f3 que la distribuci\u00f3n masiva y coordinada de acordeones, que priorizaban a candidatos afines al gobierno, fue un factor determinante en los resultados. Su an\u00e1lisis de los mapas electorales mostr\u00f3 que el \u00abacorde\u00f3n gan\u00f3 de norte a sur\u00bb.<\/p>\n

La acad\u00e9mica Jacqueline Peschard, de la FCPyS, expuso el colapso del sistema de fiscalizaci\u00f3n. Critic\u00f3 que se hayan impuesto a candidatos individuales las mismas rigurosas reglas de reporte de gastos que a los partidos pol\u00edticos, un requisito casi imposible de cumplir para una persona sin aparato detr\u00e1s. Peor a\u00fan fue la incapacidad del INE para sancionar efectivamente las irregularidades masivas. Un observatorio ciudadano document\u00f3 gastos no reportados en publicidad en redes sociales por entre 2.3 y 3 millones de pesos, que beneficiaron a 394 candidaturas. A pesar de esta evidencia, las sanciones del INE fueron, en palabras de Peschard, \u00absimulaciones francamente rid\u00edculas\u00bb.<\/p>\n

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Jacqueline Peschard. Foto:Marycruz Ponce.<\/p><\/div>\n

As\u00ed, los datos presentados por R\u00edos-Figueroa apuntan a una estrategia deliberada de colocar en puestos clave a personas con perfiles bajos, mayormente j\u00f3venes y con menor formaci\u00f3n especializada, muchas de ellas reci\u00e9n graduadas de universidades privadas. La aparente \u00abcaptura\u00bb del sistema de justicia, lejos de fortalecer su impartici\u00f3n, consolida un r\u00e9gimen donde la Constituci\u00f3n y los derechos de las minor\u00edas quedan a merced de los intereses pol\u00edticos. Como advirti\u00f3 la doctora Peschard, citando a Adam Przeworski, la erosi\u00f3n de la independencia judicial es el paso m\u00e1s grave hacia la regresi\u00f3n autoritaria, pues se desactiva el \u00faltimo contrapeso capaz de controlar los abusos del poder.<\/p>\n

Qu\u00e9 impacto tiene la reforma judicial sobre la carrera profesional, fue una pregunta abordada en la mesa 2, \u00abGobierno judicial\u00bb, en la cual Andrea Pozas-Loyo, del Instituto de Investigaciones Jur\u00eddicas (IIJ), apunt\u00f3 que la modificaci\u00f3n constitucional de 2024 genera un \u00abmodelo dual\u00bb que \u00abbifurca de manera radical\u00bb la l\u00f3gica que rige la profesi\u00f3n. \u00abPor un lado, los primeros tres escalafones (oficiales, actuarios, secretarios) se rigen por la l\u00f3gica profesionalizante; por otro, los dos \u00faltimos escalafones (jueces y magistrados) est\u00e1n sujetos a otra l\u00f3gica: la electoral\u00bb.<\/p>\n

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Andrea Pozas-Loyo. Foto: Miguel \u00c1ngel Silva.<\/p><\/div>\n

Esta bifurcaci\u00f3n argument\u00f3, trunca los incentivos de profesionalizaci\u00f3n. Quienes ingresan como oficiales judiciales topar\u00e1n con un techo en la secretar\u00eda, ya que para ascender a juez o magistrado se requerir\u00e1n otro conjunto de capacidades y recursos, en particular, el apoyo de actores pol\u00edticos y econ\u00f3micos poderosos. Advirti\u00f3 que este modelo puede tener efectos importantes para la igualdad frente a la ley, ya que la uniformidad en las resoluciones requiere de un conocimiento com\u00fan que la nueva l\u00f3gica electoral no garantiza.<\/p>\n

Por su parte, Erika B\u00e1rcena, tambi\u00e9n del IIJ, comparti\u00f3 hallazgos preliminares de entrevistas con funcionarios judiciales, quienes expresan un \u00abtrauma\u00bb por \u00abla muerte de la instituci\u00f3n que ayudaron a construir\u00bb, utilizando met\u00e1foras f\u00fanebres para describir la desaparici\u00f3n de la corte que conoc\u00edan.<\/p>\n

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Erika B\u00e1rcena. Foto: Miguel \u00c1ngel Silva.<\/p><\/div>\n

B\u00e1rcena destac\u00f3 c\u00f3mo las redes sociales se han convertido en el espacio donde se libra una \u00abguerra civil al interior del poder judicial\u00bb. Por un lado, se exhibe y ridiculiza a los nuevos jueces electos mediante fragmentos de sesiones; por el otro, estos funcionarios utilizan las plataformas para dar explicaciones o ejercer su derecho de r\u00e9plica. \u00abPareciera que hay apertura y transparencia, pero lo cierto es que eso tambi\u00e9n parece ser una especie de cortina de humo que no nos permite necesariamente ver con mucha claridad los procesos m\u00e1s profundos\u00bb, afirm\u00f3. Esta polarizaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3, es tanto externa como interna y configura un escenario de \u00abdesgobierno\u00bb dentro del Poder Judicial.<\/p>\n

Asimismo Jaime C\u00e1rdenas, del IIJ, enumer\u00f3 una decena de retos inmediatos, destacando la preocupaci\u00f3n por el funcionamiento ordinario de los tribunales. Mencion\u00f3 que, por el \u00abmiedo al rid\u00edculo\u00bb ante las redes sociales, algunos jueces electos estar\u00edan retrasando audiencias, generando un rezago judicial potencialmente inmanejable. Otros retos incluyen verificar si se cumplen los objetivos de austeridad y reducci\u00f3n de privilegios, evitar que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial se convierta en una \u00abinquisici\u00f3n\u00bb, y observar c\u00f3mo se garantizar\u00e1n los derechos sociales y los recursos de la naci\u00f3n bajo la nueva integraci\u00f3n de los tribunales.<\/p>\n

Finalmente, Karina Ansolabehere, miembro del IIJ, analiz\u00f3 el nuevo modelo de gobierno judicial como un sistema \u00abtripartito\u00bb, donde las facultades que antes concentraba el Consejo de la Judicatura Federal (y su presidente, que tambi\u00e9n era el presidente de la Suprema Corte) ahora se dividen entre: 1) la Suprema Corte, 2) el Tribunal de Disciplina Judicial y 3) el \u00d3rgano de Administraci\u00f3n Judicial.<\/p>\n

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Jacqueline Peschard, Karina Ansolabehere, Jaime C\u00e1rdenas, Erika B\u00e1rcena, Andrea Pozas-Loyo. Foto: Miguel \u00c1ngel Silva.<\/p><\/div>\n

Este desplazamiento del poder argument\u00f3, implica un \u00abriesgo\u00bb significativo de descoordinaci\u00f3n. \u00abTenemos un gobierno tripartito en el Poder Judicial donde ojal\u00e1 que se d\u00e9 un escenario virtuoso de coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n (…) pero tambi\u00e9n puede haber un escenario de competencia, violencia, descoordinaci\u00f3n e incomunicaci\u00f3n\u00bb. La funcionalidad de este nuevo dise\u00f1o, subray\u00f3, es fundamental para que el Poder Judicial pueda cumplir con sus funciones.<\/p>\n

En conclusi\u00f3n, el foro acad\u00e9mico pint\u00f3 un panorama de alerta sobre la implementaci\u00f3n de la reforma, destacando la profunda transformaci\u00f3n institucional, los riesgos de desprofesionalizaci\u00f3n, la intensa polarizaci\u00f3n interna y los desaf\u00edos de coordinar un gobierno judicial ahora fragmentado en tres \u00f3rganos. El \u00e9xito o fracaso de este nuevo modelo, coincidieron los expertos, est\u00e1 a\u00fan por definirse y requerir\u00e1 de un seguimiento cuidadoso en los pr\u00f3ximos meses y a\u00f1os.<\/p>\n

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