Desafíos inmediatos de la Reforma Judicial
Por Itzel Zárate
Foto: elimparcial.com
En el foro académico La Reforma Judicial: los retos de su implementación, expertos en Derecho, Ciencia Política y transparencia, alertaron sobre los riesgos de esta elección, efectuada el 1 de junio, y calificaron el proceso como la «captura de un poder».
Julio Ríos-Figueroa. Foto: Marycruz Ponce.
Julio Ríos-Figueroa, profesor del ITAM, precisó que esta reforma no es otra cosa que la «captura de un poder con un plan boliviano con esteroides».
Al presentar un estudio en proceso sobre el perfil de los 881 cargos judiciales electos, dijo que los nuevos jueces y magistrados tienen, en promedio, 20 años menos de experiencia profesional que los salientes. Mientras más del 60% de los jueces que dejaron sus cargos contaban con un posgrado (maestría o doctorado), este porcentaje se reduce en un 20% entre los recién llegados. «Menos de la mitad (48%) de los candidatos provenían del Poder Judicial Federal, y de ese grupo, la gran mayoría (67%) había ocupado puestos menores como secretario de Juzgado o Tribunal; asimismo, sólo un 23% del total había sido juez o magistrado con anterioridad», lo cual significa, explicó el académico, que una gran parte de quienes asumirán la impartición de justicia nunca han juzgado antes, hecho que anticipa un periodo de «decisiones erráticas» y una «mayor incertidumbre».
A su vez, Javier Aparicio, investigador del CIDE, se enfocó en las fallas estructurales del proceso electoral. Con una participación ciudadana de apenas 13%, los comicios judiciales carecieron de legitimidad desde su base. Añadió que el diseño mismo de la elección, con listas abiertas y una cantidad abrumadora de candidatos (3,423 para 881 puestos), generó una complejidad que desincentivó el voto informado y facilitó el uso de «acordeones» o guías de votación.
Javier Aparicio. Foto: Marycruz Ponce.
«La elección estaba diseñada para tener una baja participación electoral. Era indefendible incluso antes de conocer los resultados», indicó Aparicio y enfatizó que la distribución masiva y coordinada de acordeones, que priorizaban a candidatos afines al gobierno, fue un factor determinante en los resultados. Su análisis de los mapas electorales mostró que el «acordeón ganó de norte a sur».
La académica Jacqueline Peschard, de la FCPyS, expuso el colapso del sistema de fiscalización. Criticó que se hayan impuesto a candidatos individuales las mismas rigurosas reglas de reporte de gastos que a los partidos políticos, un requisito casi imposible de cumplir para una persona sin aparato detrás. Peor aún fue la incapacidad del INE para sancionar efectivamente las irregularidades masivas. Un observatorio ciudadano documentó gastos no reportados en publicidad en redes sociales por entre 2.3 y 3 millones de pesos, que beneficiaron a 394 candidaturas. A pesar de esta evidencia, las sanciones del INE fueron, en palabras de Peschard, «simulaciones francamente ridículas».
Jacqueline Peschard. Foto:Marycruz Ponce.
Así, los datos presentados por Ríos-Figueroa apuntan a una estrategia deliberada de colocar en puestos clave a personas con perfiles bajos, mayormente jóvenes y con menor formación especializada, muchas de ellas recién graduadas de universidades privadas. La aparente «captura» del sistema de justicia, lejos de fortalecer su impartición, consolida un régimen donde la Constitución y los derechos de las minorías quedan a merced de los intereses políticos. Como advirtió la doctora Peschard, citando a Adam Przeworski, la erosión de la independencia judicial es el paso más grave hacia la regresión autoritaria, pues se desactiva el último contrapeso capaz de controlar los abusos del poder.
Qué impacto tiene la reforma judicial sobre la carrera profesional, fue una pregunta abordada en la mesa 2, «Gobierno judicial», en la cual Andrea Pozas-Loyo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), apuntó que la modificación constitucional de 2024 genera un «modelo dual» que «bifurca de manera radical» la lógica que rige la profesión. «Por un lado, los primeros tres escalafones (oficiales, actuarios, secretarios) se rigen por la lógica profesionalizante; por otro, los dos últimos escalafones (jueces y magistrados) están sujetos a otra lógica: la electoral».
Andrea Pozas-Loyo. Foto: Miguel Ángel Silva.
Esta bifurcación argumentó, trunca los incentivos de profesionalización. Quienes ingresan como oficiales judiciales toparán con un techo en la secretaría, ya que para ascender a juez o magistrado se requerirán otro conjunto de capacidades y recursos, en particular, el apoyo de actores políticos y económicos poderosos. Advirtió que este modelo puede tener efectos importantes para la igualdad frente a la ley, ya que la uniformidad en las resoluciones requiere de un conocimiento común que la nueva lógica electoral no garantiza.
Por su parte, Erika Bárcena, también del IIJ, compartió hallazgos preliminares de entrevistas con funcionarios judiciales, quienes expresan un «trauma» por «la muerte de la institución que ayudaron a construir», utilizando metáforas fúnebres para describir la desaparición de la corte que conocían.
Erika Bárcena. Foto: Miguel Ángel Silva.
Bárcena destacó cómo las redes sociales se han convertido en el espacio donde se libra una «guerra civil al interior del poder judicial». Por un lado, se exhibe y ridiculiza a los nuevos jueces electos mediante fragmentos de sesiones; por el otro, estos funcionarios utilizan las plataformas para dar explicaciones o ejercer su derecho de réplica. «Pareciera que hay apertura y transparencia, pero lo cierto es que eso también parece ser una especie de cortina de humo que no nos permite necesariamente ver con mucha claridad los procesos más profundos», afirmó. Esta polarización, señaló, es tanto externa como interna y configura un escenario de «desgobierno» dentro del Poder Judicial.
Asimismo Jaime Cárdenas, del IIJ, enumeró una decena de retos inmediatos, destacando la preocupación por el funcionamiento ordinario de los tribunales. Mencionó que, por el «miedo al ridículo» ante las redes sociales, algunos jueces electos estarían retrasando audiencias, generando un rezago judicial potencialmente inmanejable. Otros retos incluyen verificar si se cumplen los objetivos de austeridad y reducción de privilegios, evitar que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial se convierta en una «inquisición», y observar cómo se garantizarán los derechos sociales y los recursos de la nación bajo la nueva integración de los tribunales.
Finalmente, Karina Ansolabehere, miembro del IIJ, analizó el nuevo modelo de gobierno judicial como un sistema «tripartito», donde las facultades que antes concentraba el Consejo de la Judicatura Federal (y su presidente, que también era el presidente de la Suprema Corte) ahora se dividen entre: 1) la Suprema Corte, 2) el Tribunal de Disciplina Judicial y 3) el Órgano de Administración Judicial.
Jacqueline Peschard, Karina Ansolabehere, Jaime Cárdenas, Erika Bárcena, Andrea Pozas-Loyo. Foto: Miguel Ángel Silva.
Este desplazamiento del poder argumentó, implica un «riesgo» significativo de descoordinación. «Tenemos un gobierno tripartito en el Poder Judicial donde ojalá que se dé un escenario virtuoso de coordinación y cooperación (…) pero también puede haber un escenario de competencia, violencia, descoordinación e incomunicación». La funcionalidad de este nuevo diseño, subrayó, es fundamental para que el Poder Judicial pueda cumplir con sus funciones.
En conclusión, el foro académico pintó un panorama de alerta sobre la implementación de la reforma, destacando la profunda transformación institucional, los riesgos de desprofesionalización, la intensa polarización interna y los desafíos de coordinar un gobierno judicial ahora fragmentado en tres órganos. El éxito o fracaso de este nuevo modelo, coincidieron los expertos, está aún por definirse y requerirá de un seguimiento cuidadoso en los próximos meses y años.
